Hidroituango es el sueño dorado de la ingeniería hidráulica antioqueña, la puerta a la prosperidad de la región en el siglo XXI, la alternativa para sacar de su profunda pobreza a la zona más atrasada del departamento y es la esperanza de refundar una empresa incierta llamada Departamento de Antioquia. ¿Con todo a su favor, por qué parece que naufragará? La obra tiene pólizas hasta por 2400 millones de dólares que cubren contingencias fortuitas. Naturales o provocadas.

POR OCTAVIO GÓMEZ V.

De las Empresas Públicas de Medellín siempre se ha dicho que son la corona del Municipio de Medellín y vistas las características de tamaño del proyecto, las especificaciones técnicas, la capacidad de generación de energía eléctrica y las perspectivas financieras para Medellín y Antioquia, Hidroituango debería convertirse en la corona de la corona de la ciudad y el departamento.

Nadie, hasta abril pasado, podría decir que el proyecto tuviera algún asomo de riesgo: la está construyendo una de las dos empresas con mayor experiencia y experticia en el desarrollo de grandes proyectos hidroeléctricos en Colombia y una de las más grandes de América Latina.

Tenía el apalancamiento financiero y el acompañamiento técnico, tenía el respaldo político institucional de la Nación, tenía la esperanza de los municipios de su influencia en la cuenca del río, desde Santa Fe de Antioquia hasta Caucasia -incluso en región de La Mojana-, tenía el concurso decidido del sector privado en la construcción y el acompañamiento del accionista mayoritario del proyecto, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia.

Apenas unas voces disidentes, representadas en el Movimiento Ríos Vivos, se oponía a las obras, aduciendo daños ambientales severos en la cuenca del río y el desplazamiento de comunidades ancestrales de la región, poca resistencia en comparación con el tamaño y las expectativas que generó el proyecto.

Pero algo salió mal. O mucho.

ABRIL DOLOROSO

La última semana de abril comenzaron a escucharse -y verse- alarmas respecto del avance de las obras de Hidroituango, particularmente en el manejo de los túneles de desviación del río, obras provisionales que deben construirse durante la construcción del gigantesco muro que contendrá las aguas. Con el sellamiento de uno de los túneles, versión que fue aceptada a regañadientes y en forma progresiva por la empresa.

Las obras civiles de la presa y la central de máquinas fueron adjudicadas en 2012 al Construcoes e Comercio Camargo Correa S.A. y las colombianas Constructora Conconcreto y Coninsa Ramón H. Los túneles de desviación, centro del debate -y de la emergencia- se los adjudicaron al consorcio colombo chileno Sainc Ingenieros y Ferrovial Agroman, obras que se adelantaron antes de la construcción de las obras principales.

El sueño de la construcción de Hidroituango nació a comienzos de los años 60, cuando el ingeniero José Tejada Sáenz hizo la primera identificación del potencial hidroeléctrico en el río Cauca, luego, la administración de EPM en los años 70 hizo un nuevo estudio y durante el gobierno departamental de Álvaro Uribe Vélez se creó una sociedad promotora del proyecto. La licencia ambiental le dio vía libre al avance del proyecto, que entró en el cronograma de expansión de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME, estatal) para que comenzaran a operar cuatro de sus ocho unidades de generación en noviembre de 2018.

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Sin embargo, desde la preparación del complejísimo programa de construcción se conocían los grandes riesgos que en esos proyectos se llaman “eventos excusables”, que son “circunstancias fortuitas, naturales o provocadas, que se salgan del control del ejecutor de las obras. Dadas las magnitudes de la obra […] se requirió de la contratación de pólizas de seguros con reaseguradoras internacionales y hasta por 2400 millones de dólares a precios constantes”, señala el libro Del sueño a la realidad Pescadero Ituango José Tejada Sáenz, en su página 193, una publicación oficial de los accionistas mayoritarios del proyecto.

UN NEGOCIO DEMASIADO COMPLEJO

Los problemas derivados por los taponamientos de los túneles y los daños, aún no cuantificados exactamente por la inundación de la casa de máquinas, ponen de presente dos asuntos: que se trata de asuntos de la más sofisticada ingeniería civil hidráulica y que la estimación de dichos sobrecostos no puede hacerse tal como se calcula un reajuste en una reparación domiciliaria.

Como se trata de estos niveles de complejidad, la administración de EPM trató, primero, de minimizar la importancia de la emergencia, y luego, de explicarla reduciendo la complejidad de la información: pero es que las cosas que han podido suceder todavía no ponen de acuerdo ni a los expertos.

En ese contexto aparecieron los arúspices de la posmodernidad, dentro del Municipio de Medellín y fuera de él: los primeros, sin que las áreas técnicas hayan entregado sus conclusiones, anunciaron que EPM deberá vender parte de los activos del Grupo EPM para no afectar el desarrollo de las obras. Y los segundos, fuera de la administración, comenzaron su campaña política con destino a la Alcaldía de Medellín, cuyas elecciones se deben adelantar en octubre del año próximo y sobre el cuerpo yacente del proyecto hidroeléctrico más grande en la historia de Colombia se dirán toda clase de predicciones.

AGENDA PÚBLICA

El problema político, no técnico, con Hidroituango es que entró a la agenda pública de la política nacional: se dijo, de parte de sus detractores, que los túneles de desviación se cerraron prematuramente, intentando cumplir los cronogramas y con una reducción de costos que solo iba a beneficiar a los contratistas, es decir, al Consorcio CCC: corrupción fue el sello. Eso lo debería demostrar la Fiscalía General de la Nación que la semana previa a la circulación de este periódico envió una comisión especial a la obra.

El tema de la agenda pública se hizo más complejo porque el accionista mayoritario de la sociedad Hidroituango -pero ya no del proyecto-, es decir el Idea a través del gobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez, salió a reclamar el cumplimiento del contrato, un denso y complejo documento denominado BOOMT (sigla en inglés Build, Own, Operate, Mantain and Transfer), una modalidad de concesión en la cual el dueño transfiere el manejo del proyecto a quien tiene la experiencia específica en el área de negocios.

Para simplificarlo, cosa que es un riesgo en este ambiente, EPM recibía la responsabilidad completa de construir, adelantar la propiedad del proyecto, operarlo, mantenerlo y al cabo de cierto tiempo, devolver el activo a sus socios.

El BOOMT planteó entrega unos recursos iniciales -cosa que EPM hizo en 2010- al accionista mayoritario, crear una fiducia y comenzar a girar en 2018 cuando el proyecto entrara al mercado de energía. Había dos salvedades: que no pudiera entrar a generar o que los ingresos fueran menores de los proyectados, con lo cual se contemplaba un aplazamiento del período de concesión

Pero el tema de la agenda pública ya se había complicado con el anuncio del gobierno de Federico Gutiérrez de enajenar activos del Grupo EPM para paliar las pérdidas por el aplazamiento de la entrada en operación de Ituango.

Los peores presagios afirman que Hidroituango no entrará en operación porque la presa ofrece riesgos para las comunidades río abajo del proyecto, otros menos catastróficos afirman que la situación financiera del proyecto puso en grave riesgo la estabilidad empresarial de EPM y hay quienes afirman que es el comienzo del fin de la joya de la corona.

Lo único cierto es que mientras no se conozcan las reales consecuencias de la contingencia de abril y mayo, los únicos que se beneficiarán de Hidroituango son los políticos que están haciendo la agenda pública con el proyecto. Y eso es a costa del brillo de EPM.