A Colombia nunca le faltan protestas, huelgas, plantones, marchas, bloqueos. Por todo y por casi nada: desde el 9 de abril de 1948 se han sucedido sin tregua toda clase de manifestaciones anti (y pro) gubernamentales. Pero las de este final de noviembre juntaron muchas razones, muchas causas, muchos dolores y muchas redes sociales.

POR OCTAVIO GÓMEZ V.

Desde que las masas exaltadas por el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán destruyeron a Bogotá, el viernes 9 de abril de 1948, la historia de Colombia ha estado pintada por la constante de las protestas populares y los movimientos cívicos.

Pasando por las grandes concentraciones urbanas en la Plaza de Bolívar, de Bogotá, centro constante de cabildos populares, hasta las marchas más pacíficas contra un acueducto municipal en cualquier pueblo lejano, la de Colombia es una historia escrita en tiempo de protesta.

Incluso, han sido los propios gobernantes los que han convocado a marchas multitudinarias (contra las Farc, en el gobierno de Álvaro Uribe, por ejemplo).

Pero las que comenzaron el jueves 21 de noviembre se diferencian de la historia de 71 años en dos fenómenos: el primero, que en Colombia siempre hubo gobiernos fuertes con regímenes fuertes; y el segundo, que nunca como el de ahora, las marchas tuvieron llamado, eco y testigos en el fenómeno mediático del siglo XXI: las redes sociales.

Gobierno y régimen

La debilidad inocultable de Iván Duque que no logró conectar su mandato con una ciudadanía a la que convenciera de que él gobierna es el primer componente del cuadro.

Duque, más que un presidente, es una figura lábil, frágil, con una convocatoria que ni su propio partido, el Centro Democrático, acepta. El presidente gobierna con debilidad a pesar de que el régimen que lo mantiene, el establishment, sigue siendo fuerte, al punto que gremios y grupos afines al mandatario le impusieron la agenda.

Por primera vez en la historia política, el centro del debate lo mantiene su jefe Álvaro Uribe en el congreso. Pero allí -y pese a todo el esfuerzo mediático- el expresidente no tiene la ventaja que tenía en la Casa de Nariño, sino que combate con otras fuerzas ya tan diestras en el debate como él. Ese es el segundo componente del cuadro, la pugna política ya no le da tantas ventajas al expresidente y los asuntos polémicos del Gobierno son la agenda de la oposición, distinto de los tiempos de la presidencia del antioqueño, cuando el Congreso era un telón de fondo.

El tercer componente fue la derrota electoral del Centro Democrático en las elecciones regionales de octubre. Es cierto que su representación en concejos y asambleas pudo haber mejorado, pero perdió en los cargos representativos: las campañas en Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena (entre otras) que supusieron derrotas muy fuertes.

En contraste con lo anterior, las alcaldías de esas ciudades quedaron en manos de candidatos que representan movimientos alternativos e independientes. El caso de Cartagena es el más severo: el ganador lo hizo solo con la propuesta de derrotar a los políticos corruptos.

Descontento y rabia

La campaña a la alcaldía de Cartagena fue “la tapa del congolo”. Los votantes en la Ciudad Heroica votaron en contra de los grupos políticos que han mantenido el gobierno local como se feudo propio (siete alcaldes en cuatro años, seis destituidos y en la cárcel).

Pero esa sensación no era exclusiva de los cartageneros. En las “grandes campañas”, la motivación para el voto también fue contra los grupos políticos tradicionales, por supuesto, ligados a problemas de corrupción. La caótica campaña de Medellín fue el más claro ejemplo, porque allí resultó ganador el gran crítico del manejo que se le dio a la crisis de Hidroituango y al manejo que la administración saliente le dio al tema y a EPM.

En Bogotá y Cali, por poner otros dos ejemplos (porque fueron más), los votantes rechazaron los proyectos políticos afines al Gobierno Nacional y eso ya empezó a darles alas a quienes veían la posibilidad de convocar a una protesta contra el gobierno.

Paquetazo

Pero si el ambiente ya se iba poniendo a favor de una convocatoria a protestar contra el Gobierno, las razones para entrar en un movimiento popular empezaron a aumentar.

El gobierno débil dejó que los gremios y los congresistas de su grupo tomaran la iniciativa en la agenda económica. Temas como una reforma laboral para flexibilizar mucho más el régimen de contratación y eliminar las pocas sobrecargas salariales, o una reforma pensional para aumentar la edad de retiro forzoso, subir las cuotas de los trabajadores o eliminar a Colpensiones llegaron a la palestra pública sin que el Gobierno asumiera su liderazgo o las rechazara.

En la opinión pública quedó la sensación de que si el Gobierno no las objetaba era porque las aprobaba. Cuando la convocatoria ya era una realidad, la Ministra de Trabajo (y el presidente detrás) intentaron en vano hacerle creer a la gente que no lo aprobaban.

Con todos estos acontecimientos en marcha, llegó el otro golpe al Gobierno: la Corte declaró inconstitucional la llamada “Ley de Financiamiento” (nombre que le dieron intentando que no se entendiera como una reforma tributaria) pero Duque y su Ministro de Hacienda insistieron en volverla a presentar al Congreso. En medio de las protestas, el Legislativo sigue discutiéndola y todo indica que será aprobada.

Incluso, ya con la gente por tercer día consecutivo en las calles, el presidente Iván Duque firmó un decreto que crea un “holding” de empresas comerciales e industriales del Estado, cuyos activos pretende convertir en un grupo financiero, sin calcular el costo político de la decisión y sin medir los efectos que iba a tener.

Pero el llamado “paquetazo” no solo es una lista de temas económicos: a todo lo anterior se sumaron el descontento por la actitud del Gobierno Nacional que se opone, sistemáticamente, a implementar el acuerdo de paz con las desaparecidas Farc y a la indolencia frente a los asesinatos de dirigentes indígenas, sociales, defensores de derechos humanos y ambientales.

La primavera latinoamericana

El paro nacional del 21 de noviembre iba a ser como tantos otros, como en 2017, cuando los estudiantes universitarios y los transportadores paralizaron al país (con el apoyo del CD) y en 2018 otra huelga estudiantil había obligado al recién estrenado Gobierno de Duque a negociar partidas extras presupuestales extras para las universidades.

El de este año tuvo la ayuda de un huracán de movimientos sociales, populares e indígenas que comenzó en Ecuador (donde las protestas contra el gobierno de Lenin Moreno recibieron el nombre de “paquetazo”), se extendieron a Chile donde una revuelta contra el gobierno del conservador Ricardo Piñera se ha prolongado más de un mes y terminaron en el alzamiento indígena boliviano contra la destitución de Evo Morales.

Los corresponsales extranjeros en esos países la llamaron “la primavera latinoamericana” (levantamientos parecidos se viven en Nicaragua, Guatemala, Panamá y Haití) y los vientos huracanados llegaron a Colombia traídos por las redes sociales.

Para atajar las concentraciones masivas no sirvieron las talanqueras que el Gobierno y sus aliados pusieron en los medios corporativos: la convocatoria se extendió por las redes sociales y, como no sucedía desde el paro cívico de 1977 conta el gobierno de Alfonso López Michelsen, los centros urbanos se paralizaron.

El Gobierno intentó llevar las protestas a una instancia que llamó “conversaciones” pero, tras unos escarceos sobre qué “conversar”, los convocantes al paro se mantienen en la calle.

A todas estas y tras una semana de protestas, el Gobierno sigue débil, el régimen mantiene su vigor apoyado en las Fuerzas Armadas y en los medios de comunicación tradicionales y un grupo, con una moral muy alta, se mantiene en las calles, reclamando lo mismo que reclaman hacen 70 años: justicia. ****

ESMAD Y VANDALISMO

Una de las respuestas estatales fue criminalizar la protesta, el recurso más antiguo del régimen. A esa estrategia, primero en el discurso y luego en la táctica policial, se opuso un movimiento civil pacífico cuyos elementos más beligerantes terminaron enfrentados en las calles a la fuerza pública a través de un cuerpo de la Policía, el Escuadrón Móvil Anti Disturbios (Esmad) convertido en el símbolo de las cosas por las cuales miles salieron a las calles y, a la vez, en el de muchos otros que lo defienden como status quo.

Las marchas terminaron con cacerolazos, una manifestación poco conocida en Colombia: la noche del 21 de noviembre -y en adelante- los manifestantes se dedicaron a participar en toques de cacerola, ya desde sus viviendas o en nuevas concentraciones.

A pesar de esas posturas, el número de víctimas no ha sido tan alto como en otras protestas, considerando el hecho de que el paro nacional ya iba por una semana.

Dilan Cruz, un bachiller de 17 años fue una víctima en esa semana: perdió la vida en Bogotá tras ser alcanzado por una bomba de aturdimiento, al parecer, modificada con otros elementos explosivos para hacer más daño.

La muerte de Dilan polarizó aún más las posiciones: el Gobierno fustigó a ciertos sectores como culpables de la muerte del chico (por haberlo llevado a las calles) y la oposición acusó al Gobierno como responsable de su asesinato.

Sin embargo, en medio de las acusaciones mutuas se ha levantado la voz de quienes llaman a mantener un activismo pacífico como única forma de validar las protestas.