El Intercambio vial de Fábricas Unidas sobre la Autopista Sur en Itagüí es una de las obras de movilidad más esperadas en los últimos años no solo en este municipio, sino en todo el sur del Valle de Aburrá. Este eliminaría uno de los semáforos ubicado en este corredor, el cual hoy genera un enorme trancón y dolor de cabeza para los conductores y pasajeros que transitan a diario.

Pero sin haber iniciado las obras físicas, el proyecto ya ha tenido varios cuestionamientos y advertencias de gremios y la academia. El más reciente es el hecho por la Universidad EIA, la cual advirtió que los beneficios del intercambio dependen del cumplimiento oportuno del cronograma de ejecución y garantizar su financiamiento.

En febrero el alcalde Diego Torres anunció que, tras un año de espera, el proyecto por fin tenía interventor, lo que daría inicio a la ejecución del contrato. Si bien en esa oportunidad se advirtió que la revisión de los diseños tardaría tres meses, ya han pasado más de cuatro y las obras no han iniciado. Es decir, ya se está incumpliendo el cronograma.

“Un retraso significativo respecto al horizonte de diseño no solo podría reducir la vida útil efectiva del proyecto, sino también alterar negativamente la relación costo–beneficio de la inversión pública”, señaló el profesor Andrés Pava Restrepo, catedrático del programa de Ingeniería Civil de la EIA.

Dudas en la financiación

Para la universidad, los plazos establecidos para la ejecución del proyecto, que contemplan un período de 30 meses bajo un esquema de financiación gestionado a través del INVÍAS mediante vigencias futuras, presentan importantes desafíos. De acuerdo con el análisis, esta modalidad ha mostrado retrasos significativos en otros proyectos similares según las dinámicas actuales de asignación presupuestal por parte de la Nación.

Es decir, se tendría una gran incertidumbre sobre la financiación y ejecución del proyecto, que podría tomar más de 5 años, teniendo serias consecuencias en movilidad y por ende sociales y económicas para la población del área de influencia.  “Además, comprometería la necesidad de mayores recursos económicos y la funcionalidad plena de la infraestructura en el mediano y largo plazo”, advierte la EIA.

¿Qué pasa con la gestión predial?

Por otro lado, uno de los aspectos críticos del proyecto es la gestión predial. Según lo establecido por el Municipio de Itagüí, del total estimado de $120.000 millones que demanda la obra, aproximadamente $78.000 millones corresponden a las obras físicas, mientras que el valor restante se destina a la adquisición de predios necesarios para su ejecución.

En este contexto, según el informe de la EIA, la incertidumbre relacionada con la disponibilidad oportuna de los recursos podría representar un riesgo significativo para el desarrollo del proceso de compra de predios.

Cualquier retraso en esta etapa afectaría directamente el cronograma de obra, ya que impediría el inicio o continuidad de varios frentes constructivos,prolongando aún más los tiempos de ejecución.“Por ello, los modelos de financiación de obras públicas deben estar estructurados de manera que eviten sobrecostos, garantizando el cumplimiento del principio de planeación como pilar fundamental de la inversión pública”, indicó el académico Andrés Pava.

El análisis de la EIA concluye llamando la atención sobre el riesgo de sobreestimar los beneficios de este tipo de proyectos, sin garantizar una planeación adecuada, lo cual puede conducir a retrasos y sobrecostos, cuyas consecuencias afectan directamente a la población, que es en última instancia la destinataria de estas intervenciones.

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