Un inusual y controvertido choque entre el alcalde de Medellín y la junta directiva de EPM alrededor del proyecto Hidroituango desató una tormenta política pocas veces vista en Antioquia.

POR OCTAVIO GÓMEZ | PUBLICADO 28 AGOSTO 2020

Daniel Quintero Calle llegó a la Alcaldía de Medellín no solo porque los votantes no aceptaron al candidato del uribismo sino, especialmente, porque en su campaña prometió rescatar a las Empresas Públicas de Medellín de la casi segura debacle en que la había dejado el manejo del proyecto Hidroituango.

Pero el primer requisito de su victoria era, a todas luces, el mayor obstáculo de su gestión: superar a las poderosas fuerzas políticas que salieron derrotadas de la contienda electoral y que perdían el manejo de EPM, el alfa y omega de la administración municipal de Medellín.

Desde la campaña electoral se veía que Quintero Calle iba a necesitar mucho más que el carisma que tuvo que desplegar para ganar las elecciones: iba a necesitar aliados para resistir el embate de sectores políticos y económicos tan poderosos como el jefe del partido de gobierno, sus aliados, sus gremios y sus centros de opinión.

El problema para Quintero no serían sus relaciones con el concejo municipal (cada alcalde es tan poderoso como su presupuesto) ni la formulación de políticas sociales y ni siquiera los crecientes problemas de desorden público e inseguridad por cuenta de los grupos ilegales vinculados con el narcotráfico.

El asunto serio iba a ser meterle la mano a EPM: un cofre lleno de tesoros como se ha creído ya por varias décadas o la caja de pandora de muchos males, ocultos a la mayoría de la sociedad antioqueña, proclive a ser muy misericordiosa con sus gobernantes.

TOMA DE DECISIONES

El problema en EPM se aplazó por cuenta de la emergencia sanitaria, social y económica que produjo la pandemia de la covid-19 y la consecuente y larguísima cuarentena con la que se ha enfrentado.

Pero llegó la hora: la administración de EPM, sin consultar con su junta directiva, anunció su decisión de tomar medidas jurídicas contra el consorcio formado por la firma brasileña Camargo Correia y las colombianas Conconcreto y Coninsa, contratistas en el desarrollo de las obras de Hidroituango y a las que considera responsables de los daños en la infraestructura y de su consecuente retraso.

Para el alcalde, en su calidad de presidente de la junta directiva, ese era un proceso para el cual no tenía que consultar a los integrantes de esa instancia de gobierno corporativo. Pero ellos, en consenso, creyeron que sí y ahí se abrió la caja de las sorpresas.

Reunida de manera extraordinaria, la junta rechazó la medida del alcalde y la gerencia de EPM. Quintero les pidió la renuncia y en medio del desconcierto inicial comenzó el fuego cruzado de comunicados, declaraciones y entrevistas públicas, todas ellas dedicadas a defender el papel institucional de ambas instancias, la administración de EPM y de la junta, aunque nadie atinara a decir, con alguna concreción, cuál era el meollo de las diferencias.

Desde que las diferencias se hicieron públicas, el alcalde ha nombrado a doce personas, cuatro de las cuales no aceptaron o renunciaron a la nominación y apenas el miércoles 26 de agosto hubo quórum para realizar una nueva junta.

Pero, la víspera de esa inauguración, llegó otra declaración formal de la que, en adelante, debería ser considerada la oposición a Quintero: se anunció la formación de una (otra) veeduría ciudadana para formar un observatorio a la administración de EPM: la veeduría de los que se sintieron excluidos.

¿POR QUÉ HAY UNA TORMENTA?

Gobernanza es un término de uso relativamente reciente y hace referencia al equilibrio en el gobierno de los asuntos públicos que involucra a los Estados, la sociedad civil y el mercado.

Esa gobernanza, que los dirigentes públicos y privados en Medellín dieron en llamar “gobierno corporativo” en EPM permitía que una parte muy influyente del empresario regional participara activamente en los asuntos del grupo empresarial, tanto en su dirección como en sus relaciones comerciales.

Es decir, siendo como es EPM un patrimonio del Municipio de Medellín nunca hubo problemas en que, sentados en sus sillas de junta directiva, tuvieran información cuando no privilegiada sí muy fresca para tomar decisiones con sus respectivos intereses, de grupo, de gremio o de empresa.

El problema es que esa gobernanza quedó rota cuando, sin consultárseles, la empresa decidió comenzar el largo camino de un pleito jurídico contra los contratistas de Hidroituango, mismo que debería comenzar con una conciliación. Pero se trata de reclamaciones en las cuales los miembros del consorcio deberían aceptar responsabilidades por 9.9 billones de pesos ocasionados en los daños y las demoras en la construcción del megaproyecto hidroeléctrico.

La decisión, por la magnitud de la cuantía, debió someterse a la revisión de la junta cuyos miembros, todos elegidos por el alcalde, se sentían no solo con derecho a opinar, sino que consideraban violadas sus funciones

ENTONCES, LOS EXPERTOS

El escándalo llamó la atención de los expertos, tanto en el aspecto jurídico como en los asuntos financieros y técnicos. También los académicos.

Los gremios, encabezados por la Cámara de Comercio de Medellín, llamaron al respeto por la institucionalidad -en referencia a que la junta es la máxima instancia gubernativa- y todos, defensores y opositores de Quintero, clamaron por la defensa del patrimonio público representado en más de 60 años de solidez institucional.

Pero nada se decía de las razones para el reclamo de unos y la echada del otro y, en cambio apareció la práctica muy extendida en la política antioqueña de “lo no dicho pero entendido”. La gobernabilidad debilitada, reclamada por los salientes, se respondía con la protección de la gobernabilidad, defendida por la administración y que en plata blanca se resume: aquí mando yo.

Para el politólogo Javier Nieto, si bien lo que se vive se puede catalogar como una crisis, esta no es de la magnitud que se quiere hacer ver. “Este trastocamiento institucional, generado por el empresariado que ha hegemonizado la junta de EPM, más que una catástrofe puede ser una oportunidad para resolver definitivamente la crisis de Hidroituango. Lo que sí hemos evidenciado son algunas conductas autoritarias del alcalde Quintero como esta decisión sin consultar a la junta y el ingreso de la fuerza pública a la Universidad de Antioquia”, advirtió el docente universitario.

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HASTA QUE LO DIJERON

El Sindicato de Profesionales de EPM (Sinpro) clavó la lanza de la guerra cuando declaró que, detrás de toda esa parafernalia de cambios y declaraciones, lo que subyace es la intención del gobierno de Quintero por declarar la caducidad del contrato, que consiste en que el contratante termina la relación alegando su incumplimiento, que vence el 31 de diciembre.

La versión del Sinpro señala que la administración de la empresa les está pidiendo a sus funcionarios información del proyecto a los representantes de la firma estatal china Tres Gargantas (Three Gorges), una de las que participara en el proceso de licitación para la construcción de Hidroituango y que, a comienzos de los años 2000, mostró su interés en terminar la Central Hidroeléctrica Porce III (misma que, casualmente, terminó de construir el consorcio que ahora está en Hidroituango).

Según el sindicato, tras declararse la caducidad al Consorcio CCC Ituango, la empresa queda en libertad de adjudicar a dedo la terminación de las obras y aunque gran parte de las obras civiles están terminadas, el proceso de reparación de los daños de 2018 y la instalación de los equipos eléctricos está por hacerse.

Hasta el cierre de esta edición, ni la administración de EPM ni el alcalde Quintero se habían pronunciado sobre esas denuncias de Sinpro.

Chinos aparte, el alcalde tuvo que echar mano del respaldo, controversial, pero respaldo, de ciertos grupos políticos para poder soportar el embate de los otros que, desde ya, politizaron tanto el tema que lo están convirtiendo en parte de una agenda electoral nacional que no ha comenzado.

Y a Quintero le quedan tres años y medio de un camino que no se lo van a hacer fácil.