El pasado 6 de junio la Corte Constitucional tumbó un artículo del Código Nacional de Policía que prohibía y multaba el consumo de alcohol y de la dosis mínima en los parques y el espacio público. El país, como ya es costumbre, se dividió en dos ante la decisión que sigue generando debate, aplausos y malestar.

Dos antioqueños, un estudiante de derecho y su docente, Alejandro Matta Herrera y Daniel Porras, fueron quienes demandaron la prohibición porque, según ellos, iba en contra de la libertad de expresión y desarrollo del individuo. La votación fue abrumadora y con 6 a 1, la Sala Plena acogió los argumentos de los demandantes basados en que “consumir este tipo de sustancias se trata, esencialmente, de una decisión personal”.

En Medellín y sur del Valle de Aburrá, los más jóvenes aplaudieron la decisión y muchos de ellos celebraron ese mismo fin de semana tomando cerveza o fumándose un porro en los parques de El Poblado, El Periodista o El Obrero en Itagüí.

Los sectores conservadores y los políticos en campaña pegaron el grito en el cielo al considerar que la Corte no cuidaba los derechos de los niños y calificaron a la Alta Corte como alcahueta y pro criminal. Nada más alejado de la realidad dicha acusación.

Hay que decir que con el fallo, la Corte Constitucional dejó en claro que existen otros medios, como la educación por parte de las autoridades, para evitar el consumo de licor y sustancias alucinógenas en el espacio público y parques y que no necesariamente la única alternativa es la prohibición y la represión. “La multas no son un medio justificable para buscar la tranquilidad y las relaciones respetuosas, por cuanto existen otros medios de policía en el mismo Código que permiten alcanzar los fines buscados sin imponer una amplia restricción a la libertad”.

De hecho, hace más de seis años en nuestros municipios, las alcaldías emitieron decretos para prohibir el consumo de licor en los parques, a excepción de las fechas donde se adelantan las fiestas tradicionales en las que sobra el aguardiente y la cerveza. Sobra y en exceso.

Además, en las instituciones educativas se adelantan programas con los jóvenes porque es evidente el incremento del consumo de alucinógenos en esta población. Hay evidencias de que desde los ocho años de edad tienen un primer contacto con el cigarrillo, la marihuana o un “guarito”.

Pero la primera responsabilidad recae en los padres de familia. Primero en acompañar a sus hijos, hablar sin tapujos sobre los riesgos de estas sustancias, las legales y las ilegales. Identificar comportamientos extraños o situaciones de riesgo. No todo puede recaer en los alcaldes, la policía o los profesores. La primera tarea se hace en casa.

El reclamo airado de quienes se oponen a la decisión de la Corte tiene que ver con el fenómeno del microtráfico y el expendio de alucinógenos en parques y cerca de las instituciones educativas. Pero atacar al consumidor y criminalizarlo no es la salida. Los expertos hablan de que el adicto es un enfermo y como tal hay que tratarlo.

De hecho, desde la implementación del Código de Policía, Sabaneta identificó una nueva problemática en unidades residenciales. Los jóvenes consumían sus dosis personales dentro de los apartamentos, generando conflicto entre los vecinos. Es decir, la prohibición no acabó el consumo ni el microtráfico sino que lo trasladó a otros lugares. Como dicen las mamás, es como barrer la casa y esconder la basura debajo del tapete para que nadie la vea.

Aquí la tarea de los alcaldes y la policía, así como los entes de investigación, para atacar y acabar con las plazas de vicio, las cuales siguen funcionando a plena luz del día. Todos saben dónde están ubicadas, incluso el famoso Barrio Antioquia en Medellín es considerado la olla más grande de la ciudad desde la década de 1980. 40 años después, ahí sigue.

Son evidentes los operativos de las autoridades en contra de las estructuras criminales en nuestros municipios, pero falta más. También es claro que los consumidores tendrán que identificar los lugares y horas propicias para no afectar a los niños y demás personas que también quieren disfrutar de los parques. De hecho, su mayor responsabilidad es no contribuir a la cadena del narcotráfico y procurar tener cultivos para autoconsumo.

Eso rompería con todas las cadenas, pero más conveniente para los políticos de turno y los que andan en campaña, es salir en público a atacar a los magistrados de la Corte Constitucional y tildarlos irresponsablemente de criminales. Claramente es más rentable, en populismo y en votos, pero no en defensa de un Estado de Derecho.

La adicción al alcohol y a las drogas es un asunto complejo, pero es una realidad a la que no se le puede dar más la espalda ni tratar de esconder. Pedagogía y educación en lugar de garrote y represión. ¿Y usted ya habló con sus hijos del tema?