Pareciera que al presidente Juan Manuel Santos no le importa el clamor de los colombianos ni la postura desde hace más de un año de la mayoría del Congreso que se opone a la venta de la generadora eléctrica Isagén. Hoy en horas de la mañana se adelantó al proceso de subasta con un solo oferente, dejando en manos de privados no solo la generación del servicio de energía sino la explotación de los recursos naturales del país.

De nada sirvieron los plantones en varias ciudades, la maratón en redes sociales y los argumentos de investigadores, sindicatos, líderes sociales e influyentes políticos para frenar el proceso que vendió el 57,6 por ciento de las acciones de la generadora propiedad del Estado.

Isagén fue creada tras la crisis energética que padeció el país al inicio de la década de 1990 y a partir de allí se convirtió en la empresa más rentable, puesto que solo en 2014 obtuvo un beneficio neto de 436.538 millones de pesos e ingresos de $2,33 billones. Actualmente es la segunda generadora del país y gracias a su participación estatal, le permite ser la reguladora de las tarifas de la energía.

Ahora en manos de privados no solo los colombianos perdemos, junto a Ecopetrol, una de las empresas estatales más fuertes, sino que le dejamos al sector privado y extranjero el manejo del suministro energético y como consecuencia, la potestad de establecer los precios que ello implica, puesto que su propósito será recuperar la inversión de 6,7 billones de pesos. Es decir, lo más natural es que las tarifas se incrementen tras el cierre del negocio.

Pero uno de los tesoros más grandes con los que contamos los colombianos a través de Isagén son las 23 mil hectáreas de selva, bosques y espejos de agua, las cuales podrán ser explotadas por la canadiense Brookfield. Llama la atención que en tiempos que el Gobierno Nacional asegura estar preocupado por el agua, venda gran parte del territorio que suministra este recurso natural.

De lo jurídico y económico que rodean este proceso se hablado hasta la saciedad en el último año, tiempo en el cual los trabajadores y sindicatos de Isagen se han opuesto férreamente y casi en solitario. El Gobierno Nacional justifica en el desarrollo de la infraestructura vial, la venta del patrimonio de los colombianos -producto de los ahorros de más de 25 años- pero estos argumentos no convencen.

Vender Isagén a privados para prestarle plata a los privados para que construyan las vías de cuarta generación, es el proceso de privatización y la derrota de lo público más contundente que ha sufrido el país en los últimos años. Aunque la venta finalice en la Bolsa de Valores de Bogotá, las protestas y la indignación continuará a la espera de que sea el Consejo de Estado el que declare ilegal la subasta con un solo oferente y los colombianos podamos recupera nuestro patrimonio. Parece difícil, pero ante un presidente que no escucha a los colombianos, es la única carta que queda.