El barrio La Chuscala parte baja de Caldas vive en la zozobra desde hace unos meses por cuenta de una orden de desalojo a más de 40 viviendas, de las cuales ya se han ejecutado 10. Recorrimos su única calle junto con dos de sus habitantes, quienes no ocultan el dolor de ver cómo lo pierden todo.
“Me duele en el alma venir por acá. Yo casi no vengo porque es un dolor inmenso que siento en mi corazón”, dice con la voz entre cortada doña Elcira Montoya, mientras camina la calle empolvada y señala el lote donde estaba construida su casa.
Su familia es una de las 10 afectadas que hasta el momento deja el desalojo en el barrio La Chuscala parte baja de Caldas, un barrio que nació en 2011 cuando al menos 30 familias decidieron asentarse allí, al comprar unos lotes que hoy reclama el señor Juan Guillermo de La Cuesta.
Lo que era su casa ya fue demolida junto con otras once y ese es el temor que invade al resto de los que eran sus vecinos.
Junto a ella camina Isabela Quintero Hernández, una joven de tan solo 18 años y que se ha convertido en la vocera de este barrio que está a punto de desaparecer. Ella relata que su abuelo también compró un lote hace 15 años y que allí, él y su padre invirtieron los ahorros de sus vidas para construir sus casas.
El origen
La historia se remonta dos décadas atrás cuando el propietario de una finca, Juan Guillermo de La Cuesta, subarrendó parte de este predio a un hombre, quien también hizo lo mismo: subarrendó otra parte al señor Antonio Agudelo. Este último habría construido sin autorización unos establos, lo que llevó de La Cuesta dar por terminado el contrato de arrendamiento.
“Pero este señor Antonio también empezó a limpiar todo este terreno que era un basurero y comenzó a sembrar y luego lo vendió con promesas de venta. Muchos lo vimos como una oportunidad para tener nuestra casa, pensando que era suyo”, dijo doña Elcira.
Según Isabela, ese terreno que fragmentó Agudelo es contiguo a la finca que arrendó y pertenece al Invías, ya que por allí pasaba el antiguo Ferrocarril de Antioquia, pero hoy es el centro del proceso judicial que mantiene en vilo este barrio.
“El barrio está dividido en dos procesos, uno es restitución de inmueble arrendado, pero esta restitución no tiene nada qué ver con este barrio. Sin embargo, a las familias las están sacando de sus casas de cuenta del mismo proceso, mientras que a la otra mitad del barrio nos van a sacar por una acción popular que interpuso el mismo señor”, trató de explicar Isabela.
Los desalojos y la desesperanza
El más reciente desalojo ocurrió el pasado 2 de febrero, cuando hasta el barrio llegaron más de 200 uniformados de la Policía y el Esmad, el doble de los habitantes que allí viven. El operativo coordinado desde la Alcaldía de Caldas, sorprendió a todo por su magnitud y fuerza.
Por esto, la comunidad decidió protestar en La Alpujarra para lograr que alguien los apoyara en su reclamo justificado en un documento firmado por la misma alcaldía, pero en 2019, en el que argumenta que el terreno donde construyeron las viviendas sí pertenece al Estado.
Pero De La Cuesta le dijo a El Colombiano recientemente que no es así. “Soy víctima de una pareja de invasores profesionales llamados Antonio María y su hermano Luis Alberto de apellidos Agudelo Jiménez, quienes vienen repitiendo desde hace más de 11 años que ese predio es del Invías”, dijo.
Ante esto, el diputado de Antioquia, Manuel Márquez, manifestó que acompañará a estas familias, a las que calificó como poseedoras de buena fe y solicitó al Invías hacer parte del proceso.
“No entendemos cómo en tribunales, un particular logra la titularidad de un bien inmueble de la Nación, porque este predio es del Invías, pero como no se ha presentado en el proceso, este terrateniente logró que el Tribunal Superior de Antioquia le validara los documentos que presentó. Lo que sí nos parece inaudito es la magnitud de los operativos policiales desde la Inspección de Policía de Caldas, que ni si quiera los hacen contra las plazas de vicio”, indicó.
La Alcaldía de Caldas prefiere no dar declaraciones por los procedimientos ni por programas de vivienda para estas familias, que hoy muchas de ellas se desintegraron mientras solucionan dónde vivir. Mientras tanto, las que permanecen en La Chuscala aseguran que no duermen tranquilas y ya hay episodios de estrés y depresión provocadas por el miedo de un nuevo operativo de desalojo y demolición de lo que hasta hoy, son sus viviendas.
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