La crisis que actualmente padecemos en el Valle de Aburrá por cuenta de la contaminación del aire que respiramos es consecuencia de las malas prácticas en los últimos 30 años, la mala planeación de las autoridades municipales y regionales, así como la prelación del interés económico sobre el bienestar humano.

Lo primero que hay que decir es que no siempre que el cielo esté gris significa contaminación. Las épocas de marzo-abril y octubre-noviembre se caracterizan por ser lluviosas y de poca radiación solar. La alerta ambiental y el pánico generalizado, sumado al terrible manejo de las redes sociales, ha provocado una avalancha de desinformación que poco contribuye con la solución.

Todos buscan culpables sin asumir responsabilidades. Los primeros son las autoridades locales y ambientales que históricamente ignoraron el crecimiento poblacional en el Valle de Aburrá y con el ello el aumento en el número de vehículos. Todo era visto como progreso y desarrollo que ponían a Medellín como la ciudad ejemplo para el resto del país.

Los espacios verdes se fueron agotando para dar paso al ladrillo, los árboles caían para ser reemplazados por centros comerciales, grande edificaciones o la ampliación de vías porque había que darle prioridad a los carros que aumentaban producto de las ofertas y comodidades de los fabricantes y comercializadoras. Y claro, tener carro genera bienestar en medio de un deficiente sistema de transporte público, pero también para muchos significa “escalar” en una sociedad consumista.

Poco a poco el aire se tornó denso, pesado, tóxico, mortal. Las enfermedades respiratorias aumentaron en Medellín y las muertes por esta causa fueron apareciendo. La contaminación que veíamos lejanas en Ciudad de México y Beijing llegó a Medellín y nos tomó por sorpresa. Solo hasta hoy se tiene un sistema de medición exigente de la calidad del aire, se emiten alertas para prevenir a los ciudadanos y una sociedad parcialmente consciente.

Desde que se emitió la alerta hace un año, activistas y ecologistas exigieron una política de descontaminación. El Área Metropolitana formuló un protocolo para descontaminar el aire, pero el plan definitivo solo se conocerá al finalizar este año cuando se tenga el estudio final por parte de la Universidad Nacional.

Lo cierto es que todos contaminamos el aire y todos debemos descontaminarlo. Al conocer las medidas implementadas por las autoridades, varios sectores hicieron reparos. Conductores de vehículos particulares aseguran que ellos no contaminan como otros y exigieron reducción en los impuestos por cada día que no puedan circular. Conductores de motos alegan que no contaminan y empresarios y comerciantes advierten millonarias pérdidas por cada dígito en el pico y placa.

Los industriales, en su mayoría, apoyan la medida pero piden soluciones de fondo para no verse afectados. Algunos de ellos continúan de manera irresponsable contaminando con sus chimeneas, las mismas que transitan por las calles por cuenta de camiones obsoletos y volquetas viejas, muchas de ellas de grandes constructoras y contratistas de los mimos municipios que implementan las medidas.

Los más afectados con la calidad del aire son los niños y abuelos. Ellos son más vulnerables con el veneno que por días respiramos en el Valle de Aburrá. Por ellos debemos acoger las medidas y exigirles a las autoridades, que en ocasiones reaccionan por presión de las redes sociales y la prensa, severidad con aquellas empresas y vehículos que siguen contaminando. La tarea es de todos porque el tiempo se agota.