La alcaldía recientemente identificó 65 puntos críticos en materia de construcción ilegal, siendo los corregimientos las zonas de mayor problemática. Aunque los controles están aumentando, incluso desde el aire, el problema parece aumentar con los días.

Durante un debate de control político en el Concejo de Medellín, el presidente de la corporación, Sebastián López, expuso las graves deficiencias en la capacidad de control territorial con que actualmente cuenta la Alcaldía de la ciudad.

Según López, “las herramientas con las que cuenta la administración son del siglo pasado, situación que exige una intervención urgente para atender las múltiples problemáticas que aquejan a las comunas y corregimientos, como la violencia intrafamiliar, el espacio público, las construcciones ilegales, las emergencias, la seguridad, la movilidad, entre otros desafíos”.

En su análisis, el presidente del Concejo evidenció que Medellín necesita, al menos, 27 nuevas inspecciones de policía, 21 de ellas para el control urbanístico en comunas y corregimientos, y seis más para la gestión del espacio público. Asimismo, señaló la necesidad de crear 25 nuevas comisarías de familia, para garantizar que haya una por cada 50.000 habitantes.

Pero esta no fue la única alerta. López también llamó la atención sobre la falta de al menos 888 policías, 200 bomberos de acuerdo con los estándares internacionales, 400 agentes de tránsito, 40 inspectores de tránsito y 200 gestores de espacio público.

Para cubrir estas necesidades, que tendría un costo aproximado de 120.000 millones de pesos, el presidente del Concejo planteó tres propuestas:

1. Destinar el 1.33% de los $9 billones de presupuesto de inversión del Distrito, que equivaldría a 120 mil millones; esto sin afectar las metas.

2. Disminuir la burocracia en la Alcaldía de Medellín y puso como ejemplo la Gobernación de Antioquia, que en 2024 logró ahorros de $235.000 millones.

3. Reducir el conglomerado público de Medellín, fusionando 18 entidades que, según él, cumplen funciones similares.

Los corregimientos San Cristóbal, Altavista y San Antonio de Prado, así como las comunas Manrique, Popular y Robledo, presentan los mayores focos de crecimiento de vivienda informal. Incluso en estas zonas se han realizado operativos de desmonte de estas construcciones.

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