Octubre no es un mes cualquiera para la familia Cantor. Desde hace cuatro años les recuerda la trágica partida de Juan Esteban, el consentido de la familia y el único residente del edificio Space que murió en el colapso de su torre 6, aquella noche del sábado 13, cuando los veintitrés pisos no resistieron las fallas estructurales y se fueron al suelo, dejando entre polvo y escombros la vida y los sueños de  doce personas. Entre ellas Juan.

Pero octubre también les recordará que su lucha incansable tuvo recompensa. El pasado once de octubre el representante legal de CDO Pablo Villegas, la directora de obra María Cecilia Posada y el ingeniero calculista Jorge Aristizábal, fueron declarados culpables de homicidio culposo en un juzgado de Medellín, donde quedaron en evidencia las más de seis mil fallas con que fue construida la unidad residencial.

Ángela, quien desde el primer momento se negó a aceptar una indemnización por la muerte de su hermano menor que era estudiante de comunicación social, vivió su propio viacrucis a lo largo de cuatro años del proceso que debieron afrontar en los estrados. Al final, cree que será un precedente que marcará la ciudad para que nunca más ocurra una tragedia como esta.

“Nos hemos fortalecido, pero el dolor es mucho. Ellos son cínicos e indolentes frente a los actos que cometieron”, manifiesta Ángela, a quien se le llenan de lágrimas los ojos hablando de lo que ella califica como una irresponsabilidad y negligencia de los constructores, que derrumbó los sueños de su hermano de 23 años.

Las familias de las otras once víctimas mortales del colapso llegaron a un acuerdo con la ahora liquidada sociedad Lérida CDO, que les pagó una indemnización por la muerte de sus seres queridos, entre vigilantes y obreros obligados a arriesgar sus vidas por tratar de reparar lo irreparable. Como si fuera poco, les pidió firmar cláusulas de confidencialidad y no adelantar procesos en su contra ante la justicia.

Los Cantor se negaron a dicha propuesta. Se expusieron antes las cámaras, micrófonos y los rostros fríos de los acusados. Solo querían algo de justicia sin importar cuantas veces tendrían que visitar los juzgados y encontrarse con quienes para ellos, fueron los responsable de su más mimado integrante.

Al escuchar el veredicto de la juez, Ángela se abrazó con su madre y su padre. Fue imposible contener el llanto y evitar la mirada hacia arriba. Había logrado lo que buscó durante 1460 días: algo de justicia que honrrara la memoria de Juan Esteban.

Descripción: audiencia de imputacion de cargos en el caso de space en el palacio de justicia de medellin.
Personajes: maria cecilia posada, pablo villegas, carlos alberto ruiz, jorge aristizabal y eliney francis llanos .
Fecha de evento: 13/05/2014.
Foto: Robinson Sáenz Vargas Foto: El Colombiano

En el olvido

En estos cuatro años, el olvido, la maleza y moho acaba día a día con lo poco que quedó de Space, cuyas cinco etapas restantes debieron ser demolidas en septiembre de 2014, los cientos de afectados por las fallas en las construcciones de la familia Villegas también se sienten en el olvido.

Carlos Ruiz, quien tenía un apartamento en la torre 1 de Space, manifiesta con indignación que el grupo CDO les debe más de dos años de subsidio de arrendamiento, sin contar los 350 millones de pesos que invirtió en su apartamento, al igual que los otros damnificados.

Similar es la historia de cerca de 120 familias de Asensi y Continental Towers, unidades residenciales que fueron evacuadas también por riesgo de colapso y por las que aún no responden los constructores, porque según ellos no cuentan con recursos. “Seguimos sin nada. Ellos siempre dijeron que estaban quebrados y no tenían dinero y nunca negociaron con nosotros”.

Mauricio Ballesteros relata que varias personas han sufrido graves enfermedades causadas por el estrés que les produjo quedarse sin vivienda de la noche a la mañana. “Son muchas las familias que cuatros años después siguen autoalbergadas. Muchos no han podido adquirir vivienda de nuevo. Sus deudas en los bancos son millonarias porque no nos han respondido, pero hay que seguir pagando algunas obligaciones”.

El dolor y la rabia aumentan al saber que Pablo Villegas y su familia sigue controlando una buena parte del sector de la construcción en Medellín y su área metropolitana. A través de la Urbanizadora Teruel, cuyos gerentes en propiedad y suplente son Álvaro Villegas y María Cecilia Posada, respectivamente, siguen adelantando la construcción de un buen número de unidades residenciales en la ciudad.

Y pese a los problemas que no han solucionado con muchos afectados pos sus anteriores proyectos, las actividades que desarrollan no son ilegales, según lo confirma el propio superintendente de sociedades, Francisco Reyes. Por estos motivos, desde que iniciaron su proceso, Ángela ha cuestionado que a los responsables de Space no se les haya prohibido continuar en sus actividades.

“Pablo Villegas es un criminal de cuello blanco, acolitado por su papá que le cubre todo lo que hace. No es posible que haya 15 mil personas afectadas por sus obras en Medellín y sigan como si nada”, dice sin titubear.

Por eso, a través de su abogado, la última solicitud que hicieron ante los juzgados es considerar como pena anexa a la principal que los implicados no puedan volver a ejercer su profesión.

“Esto es para que no permitamos que sigan pasando estos atropellos y que las personas que construyen irregularmente no sigan teniendo su licencia como si nada, algo tiene que pasar”, manifestó Ángela, tras la lectura de sentido de fallo.

Prisión domiciliaria

La batalla acaba de terminar o por lo menos una parte, la jurídica. Tras más de doce horas de lectura del fallo, La juez Primero Penal del Circuito de Medellín condenó a 50 meses de prisión domiciliaria a Pablo Villegas Mesa, entonces representante legal de la firma Constructora Lérida CDO S.A., encargada de gerenciar la obra.

Por su parte Jorge de Jesús Aristizábal Ochoa, ingeniero estructuralista del proyecto edificio Space, encargado de coordinar el diseño de la construcción, fue sentenciado a 51 meses de prisión y María Cecilia Posada Grisales, ingeniera directora de obras, condenada a 49 meses de prisión.

Además, se determinó una sanción adicional para ejercer la actividad de la construcción de 54 meses a Posada Grisales, 75 meses para Pablo Villegas y 73 meses Para Aristizábal.

Según las pruebas obtenidas por la Fiscalía, la obra fue diseñada sin el respeto por las normas de sismorresistencia expedidas en los años 1998 y 2002. Esto “lleva a concluir que si se hubiera dado un sismo, el edificio no hubiese aguantado”, enfatiza el informe de los peritos. De la misma manera, hubo un cálculo erróneo en materia de soporte del peso. Se planearon 22 pisos y fueron construidos 26.

Esta es la primera sentencia condenatoria por homicidio culposo que se profiere en Colombia por el desplome de edificios, aunque para muchos es una condena irrisoria.

POR CRISTINA MONSALVE GRANDA