Radios de comunicación, antenas repetidoras y más de cuatro kilogramos de estupefacientes fue el resultado de una operación ofensiva desarrollada por las autoridades en las últimas horas en ña vereda El Ajizal, zona rural de Itagüí.

El hallazgo se convierte en un importante elemento probatorio dentro de las investigaciones que adelantan las autoridades para esclarecer la disputa que mantiene en alerta a los habitantes de este sector del sur del Valle de Aburrá, donde los grupos armados continúan ejerciendo control y liderando una batalla por el dominio territorial, situación que ya deja diez personas muertas en menos de tres semanas

Durante el procedimiento también fueron capturados dos hombres, un ciudadano venezolano y un ciudadano colombiano. Entre ellos se encuentra alias “Gregorio”, señalado por las autoridades como presunto expendedor de estupefacientes en la zona. Asimismo, fue detenido otro individuo que había recuperado su libertad hace apenas algunas semanas por vencimiento de términos dentro de un proceso judicial por homicidio.

Según explicó el secretario de Seguridad de Itagüí, Rafael Otálvaro, pese a haber recuperado su libertad, esta persona habría continuado participando en actividades delictivas en el sector.

“Un detalle técnico clave para la judicialización fue el hallazgo de cuadernos contables donde registraban la venta de las drogas mediante comunicaciones cifradas; los delincuentes camuflaban el tipo de estupefaciente utilizando nombres de herramientas como “clavos”, “alicates” y “martillos” para intentar evadir el control policial”, contó el secretario.

Las autoridades sostienen que la confrontación tendría origen en las pretensiones de alias Chadú, quien, aun estando privado de la libertad, estaría buscando consolidar una nueva facción criminal mediante la instrumentalización de menores de edad y jóvenes, especialmente ciudadanos venezolanos, para enfrentar a la estructura delincuencial ya establecida.

El objetivo de esta disputa sería obtener el control de economías ilegales como el microtráfico, la extorsión y otras rentas criminales que históricamente han generado millonarios ingresos para las organizaciones que operan en la zona.

Por ahora, y mientras la administración local mantiene vigente una recompensa de hasta 80 millones de pesos para quien suministre información que permita identificar y capturar a los responsables de estos hechos violentos, el miedo continúa en esta zona del sur del Valle de Aburrá.

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