Nuevos elementos de investigación se conocen en medio del proceso que adelanta la Fiscalía por las presuntas irregularidades en seis contratos suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y bomberos de Itagüí.

Durante la audiencia en la que se analizó la solicitud de medida de aseguramiento contra Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde Daniel Quintero Calle, la Fiscalía presentó un testimonio de Misael Alberto Cadavid, ex jefe de Bomberos de Itagüí, y quien hoy permanece bajo medida de aseguramiento tras acogerse al principio de oportunidad.

Según el ente acusador, Cadavid habría relatado que, después de su captura, recibió en el Centro de Traslado por Protección de La Minorista la visita del personero de Itagüí, Jhon Fredy Ortiz.

Según el testimonio leído durante la audiencia, el funcionario le habría transmitido un mensaje que atribuyó al entonces senador y exalcalde de Itagüí Carlos Andrés Trujillo. La versión señala un ofrecimiento jurídico, además de gestionar beneficios relacionados con su situación de reclusión. “Fue a llevarme una razón de parte del jefe, es decir, del señor Carlos Andrés Trujillo”, habría declarado Cadavid.

Pero ese no es el único audio revelador.  El testimonio también menciona un supuesto ofrecimiento dirigido a su hija, quien habría sido citada a la Alcaldía de Itagüí para hablar sobre su defensa. En dicho encuentro habría estado el alcalde Diego Torres y el secretario de gobierno, Mauricio Sánchez. 

“A mi hija la citaron al despacho del alcalde de Itagüí, creo que a principio de noviembre. En esa reunión estaba Diego Torres, el secretario de gobierno Mauricio Sánchez. Le quitaron el celular a ella y el alcalde de Itagüí le dice que me iban a poner a disposición los abogados de Trujillo”, leyó la fiscal.

Recordemos que ya Torres y Sánchez habían sido mencionados por Noticias RCN en la denominada “matriz”, y siendo determinantes con la asignación de contratos.

Precisamente, todas esas pruebas, para la Fiscalía, se convierten en un material probatorio durante la investigación sobre irregularidades en seis contratos que superaron los 17.656 millones de pesos y sobre los que habría una apropiación a través de coimas que superarían el 15 %.

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