La Fiscalía General de la Nación avaló la imputación de cargos y solicitó medida de aseguramiento contra Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, por su presunta participación como determinador en un esquema de contratación pública que habría permitido direccionar seis contratos suscritos entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, durante la anterior administración.

Los contratos, que en conjunto superan los 17.656 millones de pesos, estuvieron relacionados con las necesidades de atención de emergencias y las acciones adelantadas en el contexto de la pandemia del covid-19. Según la Fiscalía, pese a no ocupar un cargo público ni tener competencia legal o funcional dentro del Área Metropolitana, Miguel Andrés Quintero habría intervenido en los procesos de contratación para favorecer a determinados contratistas y obtener un beneficio económico.

Durante la audiencia, la Fiscalía sostuvo: “Respecto de la participación del señor Miguel Andrés Quintero Calle como determinador en este delito, usted, aun careciendo de competencia legal o funcional dentro de la estructura administrativa del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, intervino en los procesos de contratación, generando la idea criminal en Álvaro Alonso Villada, servidor público; Vanessa Álvarez Restrepo, contratista del Área Metropolitana en calidad de interviniente, y otros servidores públicos y particulares ya imputados, con el propósito de favorecer determinados contratistas y obtener un provecho económico”.

El ente acusador señaló además que esa conducta habría sido contraria a los principios de moralidad, imparcialidad, igualdad y economía que rigen la función administrativa y al deber de buena fe que deben observar los particulares frente a la administración pública.

Uno de los principales elementos de la investigación está relacionado con el supuesto cobro de una comisión ilícita equivalente al 15 por ciento del valor de los seis contratos. De acuerdo con la imputación presentada ante el juez, ese porcentaje habría representado una suma de 2.481 millones 150.102 pesos.

Además de Miguel Andrés Quintero Calle, la Fiscalía imputó a Álvaro Alonso Villada García, quien se desempeñaba como subdirector de Gestión Administrativa y Financiera del Área Metropolitana; a Sebastián de Dios Ortega Urán, como interviniente, y a Vanessa Álvarez Restrepo, quien para la época estaba vinculada como contratista y asesora jurídica de la entidad.

Sobre los delitos imputados, la Fiscalía explicó que estos son interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

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