[EDITORIAL] Tras el desalojo de un grupo de 300 habitantes de calle y en situación de calle ubicados en un campamento improvisado cerca a la Plaza Minorista en Medellín, algunos de ellos llegaron a municipios cercanos, entre ellos Caldas. De inmediato las autoridades de esta localidad y sus habitantes manifestaron su preocupación y rechazo al considerar que el problema se había trasladado a sus barrios.

Según el alcalde Carlos Durán, de 20 habitantes de calle que normalmente deambulan en el parque principal y que son conocidos por todos, pasaron a 50 personas que permanecen en parques y barrios. El mandatario le pidió a su similar de Medellín que no se trasladara el “problema” a otros municipios y menos a los que no cuentan recursos.

Dicha situación no es nueva. Ya hemos sido testigos de que en cada desalojo de este tipo, ya sea motivado por el orden público o algún evento internacional, quienes habitan la calle se trasladen a otros puntos de la ciudad o lleguen a otras poblaciones. Se ha denunciado, incluso, una red que trafica con habitantes de calles, llevándolos de un lugar a otro.

Las autoridades coinciden en que los expendedores de drogas son los más beneficiados con la existencia de habitantes de calle. Pero este fenómeno se incrementa diariamente por la desarticulación de esas mismas autoridades y la  desidia de la sociedad, ignorando u olvidando que este problema es producto de una desigualdad cada vez más en aumento.

No se puede olvidar que el conflicto armado, el desplazamiento, la marginalidad y demás consecuencias de un país violento, ha emporado el problema que no es exclusivo de los estratos más vulnerables. Los habitantes de calle también son la expresión de una crisis de sentido en medio de la modernidad donde priman las políticas económicas y la pérdida de lazos afectivos, de una sociedad donde todo se valora en función del éxito personal y el consumismo.

El Estado, de acuerdo a fallo de la Corte Constitucional de 2014, está obligado a promover políticas de asistencia social dirigidas a mejorar sus condiciones (Corte Constitucional, 1993) y a brindar al habitante de la calle la atención especializada de protección que requiera.

Por eso urgen soluciones de fondo como las que adelanta Medellín con la implementación de centros de acogida, granjas de resocialización y oferta institucional para lograr que poco a poco, estas personas consumidas por las drogas alucinógenas, el alcohol y la soledad, se reintegren a la sociedad. Pero Medellín no puede solo. No basta con los programas ejecutados en la ciudad capital sino que deben ser políticas públicas asumidas por la ciudad región.

Es normal ver en los parques de Envigado, Sabaneta, Caldas e Itagüí, adultos y adultos mayores con graves problemas de alcoholismo y drogadicción. No basta con medidas policivas sino con programas de intervención que posibilite una atención integral. En Envigado, por ejemplo, desde hace más de una década se trabaja en la eliminación de la limosna y le apuesta a proyectos de asistencia y resocialización.

El alcalde Federico Gutiérrez reclamó de sus demás compañeros lo mismo, que desarrollen programas de atención porque según varios estudios, varios habitantes de calle que permanecen en Medellín son de municipios vecinos.

Por estos días donde se pretende generar soluciones conjuntas para problemáticas generales, se hace urgente una estrategia que atienda a esta población desde la perspectiva de la dignidad humana. Solo así se podrán diseñar programas de manera integral y no solo como un aspecto de seguridad o estética, que obligue cada vez que sea necesario, trasladar el problema de un lugar a otro.