El presidente Iván Duque le dio facultades a la Policía para que a partir de hoy decomisara, destruyera y castigara el consumo recreativo de drogas conocido como “dosis mínima”. El Centro Democrático asegura que pretende reducir el microtráfico defendiendo la tesis que “sin oferta no hay consumo”. Sin embargo, el mercado mundial va en sentido contrario y, de hecho, Coca Cola Co. anunció su interés por entrar en las bebidas con cannabinol.

POR OCATVIO GÓMEZ

Reducir el “microtráfico” de narcóticos es una de las dos grandes acciones que el entonces candidato Iván Duque anunció como parte de los esfuerzos por reducir la sensación de que “Colombia nada en cocaína”, y ya entronizado en funciones, su portavoz en el Senado, la senadora Paloma Valencia hizo énfasis en que se trataba de darle un tratamiento de salud pública al consumidor y de policía al distribuidor.

El Observatorio de Drogas en Colombia (ODC), dependiente del Ministerio de Justicia, en su “Reporte de drogas en Colombia 2017” señala, entre muchos otros, un hecho que contradice la afirmación del gobierno Duque: que si bien las áreas sembradas con cultivos ilícitos crecieron en 2016 lo dicho por el uribismo no es tal.

“En Colombia se han erradicado más de un millón de hectáreas de cultivos de coca en los últimos 10 años (aspersión aérea y erradicación manual desde 2007 a 2016) y aún persiste un área sembrada de 146.000 hectáreas en 2016”, señala el reporte.

Sin citar la fuente de sus afirmaciones, los líderes del Centro Democrático, hicieron parte fundamental de su campaña a la Presidencia, el dato según el cual las hectáreas sembradas con coca pasaron de 41.000 en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, a 210.000 en el último año del gobierno de Juan Manuel Santos Calderón, en lo que para ese grupo político era una clara demostración de que “el país había sido entregado a la criminalidad” o “a las Farc”, a quienes supusieron las dueñas o controladoras de esas áreas.

Los datos del Gobierno Nacional, citados en el informe reseñado añaden que, como producto de la lucha contra la producción y el tráfico de narcóticos, en 2016 “se incautaron 362,4 toneladas métricas de cocaína, 43 de pasta y base de cocaína, 193 toneladas métricas de marihuana y 521 kilogramos de heroína y se desmantelaron 229 cristalizaderos”, con un total de 24468 personas con detención intramural en cárcel por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

El reporte del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) reportó una población carcelaria total de 115.405 personas al comienzo de 2018, con lo cual el porcentaje de personas sindicadas o retenidas por delitos relacionados con el narcotráfico era del 21.2 %, un poco más de una de cada cinco personas privada de la libertad. Lo cual es muy alto si se consideran delitos de alto impacto social en el restante 79 %, entre los cuales se puede enumerar el homicidio, el hurto calificado, las lesiones personales, los delitos sexuales e incluso los de carácter político.

El reporte del Ministerio de Justicia reconoce que los esfuerzos por reducir el narcotráfico se han enfocado en las grandes organizaciones criminales y que los escasos resultados en ese frente llevaron al anterior gobierno a pedir, en el seno de las Naciones Unidas, un nuevo enfoque para el problema.

Y advierte: “el derecho penal debe estar reservado para las conductas que causan más perjuicio a la sociedad y no a los eslabones débiles de la cadena, como son los consumidores, pequeños cultivadores, pequeños traficantes y, especialmente, a las mujeres y los menores de edad, ya que estos grupos son fácilmente reemplazables en la cadena del narcotráfico y su persecución no afecta notoriamente las estructuras criminales”.

Pero su sucesor opina lo contrario. Apelando a lo que establece el artículo 140 del Código Nacional de Policía -pero no a los estudios del problema del consumo de narcóticos- el gobierno de Iván Duque pretende darle un tratamiento represivo a la distribución minorista de las drogas, en tanto que al consumo pretende convertirlo en un problema de salud pública y rehabilitación.

La Corporación De Justicia en su investigación “Delitos de droga y sobredosis carcelaria en Colombia” (2016) afirma que “mientras que la población general ha crecido 19% en los últimos 15 años, la población carcelaria ha crecido en 141,8% y la privada de la libertad por drogas en 289,2%”.

Aunque la información estadística sobre esa población es precaria, la misma investigación afirma que el 79,3% de las personas privadas de la libertad no habían concluido su educación media y el 42% tenían máximo primaria.

“En una muestra de personas condenadas por el delito de tráfico, porte o fabricación de estupefacientes entre 2010 y 2014, el Ministerio de Justicia pudo determinar que el 19,4% estaban desempleadas y la gran mayoría se dedicaba a oficios informales de baja remuneración. Solo el 4,41% se dedicaba a un oficio en ejercicio de una carrera profesional o estaban estudiando”, añade el informe.

La investigación de De Justicia encuentra que “la gran mayoría de los internos y sus familias, incluyendo a los que lo están por delitos de drogas, son personas que enfrentan situaciones de altísima vulnerabilidad. Adicionalmente, para el caso de los delitos de drogas existe una mayor prevalencia de mujeres internas, así como de primeros delincuentes, y una menor participación de reincidentes en comparación con otros delitos”. Ese es el target que las medidas del Gobierno Nacional perseguirán.

DESPENALIZACIÓN

A pesar del auge de posiciones más favorables a la despenalización del consumo de algunas drogas, las llamadas “blandas”, son tres países que legislaron sobre la marihuana: Corea del Norte, Alemania y Uruguay. En tres estados de EUA se aprobó el consumo recreativo del cannabis y apenas el nuevo gobierno de México, del progresista Andrés Manuel López Obrador, pretende iniciar ese tránsito, más con el objeto de reducir la violencia relacionada con las redes de narcotráfico que con intentar reducir el consumo.

Sin embargo, cada vez hay más partidarios de la legalización, inicialmente de la marihuana. Paul Flynn, ex ministro del gobierno laborista del Reino Unido, afirma que “Si el cannabis provocara problemas reales para la supervivencia de los humanos ya nos hubiéramos dado cuenta hace mucho. Lo que tenemos actualmente es la negación de varios gobiernos que le tienen miedo al tema”.

La consideración, por la que pasaron dirigentes como José Mujica o Justin Trudeau, premier canadiense, es el hecho innegable de que el combate criminal al negocio de las drogas no solo se perdió, sino que costó demasiadas vidas inocentes.

El problema, entonces, vuelve a los terrenos del mercado y de la moral. El portal de noticias Blomberg informó, a mediados de septiembre, que The Coca Cola Company, ante el descenso de consumo de bebidas azucaradas, su intención de entrar en el mercado de las bebidas con cannabis (aunque no con Tetrahidrocannabinol, el agente sicoactivo más fuerte de esa planta) y ya es notoriamente conocido que una cerveza artesanal, Lagunitas, de Heineken, que se produce en Estados Unidos, sí contiene ese elemento sicoactivo.

Para los defensores de este tipo de bebidas -y de sustancias- el problema de la legalización va a reducir drásticamente la violencia asociada con ese tráfico y las convertirá en asuntos como la decisión de consumir alcohol, cigarrillos o comida chatarra: la opción individual y libre de cada adulto.

Para los demás deberá quedar la educación en prevención.

Foto: Jose A. Isaza @joseaih