El amanecer era frío, nubado, gris, como es normal al sur de Medellín. La tranquilidad que se vive en las mañanas en este poblado fue interrumpida por la presencia de los miembros del CTI de la Fiscalía, la Policía y el Ejército Nacional, y la cual llamó de inmediato la atención de los habitantes del corregimiento San Antonio de Prado. Algunos intrigados por la parafernalia del operativo preguntaron el motivo de tal visita y otros, sencillamente, veían como pasaban los vehículos que trasportaban el contingente, conformado por cerca de 30 personas, quienes estaban encargadas de buscar los restos óseos de las víctimas del conflicto armado para luego ser entregados a sus familiares dentro del proceso de Justicia y Paz. 

El viaje ya ajustaba 45 minutos desde La Alpujarra, pero tras una leve para, el trayecto continuó hacia la vereda Yarumito, donde según información de desmovilizados de las autodefensas de Colombia, existía un enterramiento clandestino.

La temperatura bajaba producto del ascenso en la montaña y del espeso bosque de pinos rodeado de una espesa neblina. La lejanía y la soledad de la zona la convertían en un terreno ideal para que los grupos armados que se movilizaban y operaban sobre la cordillera, dejaran allí los cuerpos de sus enemigos sin rastro alguno.

Las tres visitas y prospecciones realizadas con anterioridad sin resultado alguno, hacían pensar que esta vez sí se encontrarían los restos de un joven asesinado por el Bloque Cacique Nutibara.

Al llegar al sitio indicado, a las 9:00 de la mañana, el Fiscal encargado otorgó las coordenadas de la posible fosa y dio las respectivas indicaciones para realizar las excavaciones. Debían ser dos, cada una  de un metro de largo por medio de ancho y a metro y medio de distancia entre ellas.

Esto permitiría abarcar una zona más amplia y tener mayores posibilidades de éxito. Sin embargo, el terreno fue alterado por algunos deslizamientos, lo que preveía, por anticipado, otra larga jornada para los miembros del CTI. 

10 años después 

Dentro del comité se hallaba un hombre joven, delgado y de tez blanca. Sus manos estaban esposadas y él, Andrés*, custodiado por dos hombres de la Fiscalía. “No le pregunte nada que no puede dar información. Es la única condición para que se quede en este procedimiento”, me advierte el Fiscal cuando se percata de que trato de iniciar una conversación con el detenido.

Asumo la orden, pero solo por unos minutos. Su mirada firme a los palazos al borde de la carretera, daba señas de que los recuerdos de aquella noche llegaban a su mente.

Pasadas las 12 de la noche de uno de los primeros días de septiembre del año 2003, un escuadrón del bloque paramilitar que operaba en San Antonio de Prado, llegó hasta la vereda Yarumito con la intención de ajusticiar a un miembro del Comando Armado del Pueblo, CAP, acusado de extorsión y asesinato.

La víctima suplicó por su vida, pero sus ruegos no fueron escuchados. El jefe del grupo armado dio la orden de asfixiar al retenido, dos hombres lo sujetan, mientras que otro lo ahoga con una bolsa plástica. Tras unos minutos de resistencia, el cuerpo cae inerte para luego ser enterrado en un pequeño hueco de un metro y medio de profundidad. La víctima tan solo tenía 17 años de edad. 

Diez años después, mientras los miembros del CTI cavaban los dos orificios, Andrés recordaba aquel juicio y aseguraba no sentir remordimiento de lo ocurrido. “Es que ese pela’o, aunque era muy joven, era muy peligroso” -indicó- “y eso que a éste le fue bien porque a otros los teníamos que descuartizar para enterrarlos”. 

Pero el lugar ya no era el mismo. Una serie de derrumbes había sepultado aún más el cadáver, por lo que los investigadores presupuestaban que los restos se encontraban ahora cuatro metros debajo de la superficie, provocando que algunos funcionarios solicitaran la presencia de una retroexcavadora para agilizar el proceso, medida que fue descartada inmediatamente para evitar afectar los restos óseos. 

Como aguja en el pajar 

Las rocas y la complejidad del terreno hacían casi imposible las labores que, con pico y pala, se estaban realizando. El cielo ya había despejado y el sol pegaba más fuerte, provocando que la garganta se secara cada vez más rápido, y por ende, el agua se agotara. Pasadas las 3 de la tarde, tras cinco horas continuas de excavación y sin encontrar señal alguna de huesos; el Fiscal encargado dio la orden de parar los trabajos, tapar las trincheras, marcar el sector cavado y retirarse de la zona. 

Nuevamente los miembros del grupo de exhumaciones de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía no ocultaron su impotencia tras culminar una agotadora jornada sin obtener los resultados esperados.

“Esto muestra de la complejidad de nuestro trabajo, aunque algunas organizaciones, al no tener conocimiento de lo que hacemos, consideran que nuestro esfuerzo es insuficiente, lo que es totalmente injusto”, aseguró el antropólogo que participó en el operativo, aunque sabe que la búsqueda continuará.

Hasta la fecha en Antioquia se han exhumado 871 restos óseos, siendo necesario realizar más 6 mil retrospecciones en las nueve subregiones antioqueñas. Esta labor contribuye a la búsqueda de la verdad, elemento primordial para la reparación integral de las víctimas del conflicto armado, y la cual finaliza con la entrega de los restos a sus familiares.

La más reciente ceremonia colectiva en el Valle de Aburrá se dio el pasado 21 de junio, donde parientes de 36 personas asesinadas por grupos guerrilleros y paramilitares entre 1993 y 2003, recibieron en un pequeño cofre de madera, los restos de sus parientes acompañados de una fotografía que los identificaba.

En el auditorio del bunker de la Fiscalía se encontraban familias de Envigado, Itagüí y Medellín, quienes a pesar del dolor, reconocían que ya la incertidumbre de no tener noticia de sus seres queridos, había finalizado.

*Nombre modificado por petición de la fuente

Alejandro Calle Cardona

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