La Gobernación de Antioquia informó que conformó una comisión especial para hacer seguimiento a la situación que enfrenta el Hospital San Vicente de Paúl de Caldas y que, además, puso el caso en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de la República, con el fin de que los organismos de control determinen si existen irregularidades en este centro medico, tal y cómo se ha dado a conocer en medio de la controversia entre el sindicato Anestesiar y la gerencia del hospital

La decisión se da en medio de la incertidumbre que viven por estos días los pacientes del Hospital San Vicente de Paúl, especialmente quienes están a la espera de una cirugía, debido a la controversia que rodea la prestación del servicio de anestesiología.

“Frente a la situación que enfrenta el Hospital de Caldas, la Secretaría de Salud de Antioquia ya conformó una comisión especial para hacer seguimiento al caso y, además, puso los hechos en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de la República, con el fin de que estos organismos de control adelanten las investigaciones correspondientes”, dijo Lina Cuartas, secretaria privada de la Gobernación de Antioquia.

Y es que, recordemos: mientras el sindicato Anestesiar denuncia una grave crisis financiera que, según afirma, pone en riesgo la continuidad de la atención, la gerencia del hospital rechaza esas acusaciones y, por el contrario, asegura que existirían presuntas prácticas de presión por parte de la organización sindical.

La polémica se agudizó luego de que Anestesiar dejara de prestar sus servicios en el Hospital San Vicente de Paúl, tras la decisión de la gerencia de no renovar el contrato que, durante más de 15 años, vinculó a los anestesiólogos con la institución.

El sindicato asegura que el hospital mantiene una deuda superior a los 1.200 millones de pesos por servicios ya prestados y sostiene que la falta de pago hace parte de las dificultades económicas que enfrenta la institución. Según la organización, esta situación compromete la continuidad de los procedimientos quirúrgicos.

Cabe señalar que esta no es la primera diferencia entre las partes. En mayo de este año, Anestesiar ya había restringido la prestación de sus servicios en el hospital al denunciar una cartera pendiente que entonces ascendía a 1.300 millones de pesos. En ese momento, la gerencia respondió que la decisión de cambiar de proveedor obedecía a la imposibilidad de asumir las obligaciones económicas pendientes por falta de recursos.

Frente a las más recientes denuncias, el Hospital San Vicente de Paúl emitió un comunicado en el que rechazó los señalamientos de Anestesiar y aseguró que ya puso en conocimiento también de las autoridades competentes lo que considera presuntas prácticas de presión y posibles conductas de cartelización, con el fin de que sean investigadas.

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