En entrevista en CIUDAD SUR, el 30 de abril el contralor de Antioquia Juan Carlos Herrera anunció una auditoría integral en el Hospital San Vicente de Paul, en Caldas, con el propósito de conocer de primera mano la realidad financiera de la institución y verificar el comportamiento de sus procesos administrativos y legales, en medio de las labores de vigilancia fiscal que ejerce el organismo.

El ente de control dio a conocer los resultados, que incluyen al menos 31 irregularidades de carácter administrativo. Estos hallazgos están relacionados con aspectos de la gestión de recursos y manejo presupuestal y ahora deberán ser analizados por la Contraloría para establecer el alcance de cada uno y definir las acciones a seguir. Entre ellos están.

• “Se detectaron discrepancias significativas entre las modificaciones presupuestales reportadas y el soporte documental de los actos administrativos. Específicamente en el presupuesto de gastos, se rindió un valor de adiciones que, confrontado con las resoluciones de la entidad, arrojó una diferencia equivalente a $18.582.910.567, generando una incorrección por sobreestimación”.
• “La entidad utilizó de manera extensiva la contratación directa para objetos que superaban los 200 SMMLV ($284.700.001 para 2025), umbral definido en su propio Manual de Contratación que obliga a la convocatoria pública, además de una concentración de contratos en pocos proveedores. Igualmente se identificó un patrón presuntamente de fragmentación artificial de contratos, para evitar los umbrales de cuantía que obligan a realizar convocatorias abiertas”.

Además, la Contraloría de Antioquia advirtió que “la entidad (el Hospital) presentó demoras para suministrar la información requerida toda vez que al realizar solicitudes durante la ejecución del proceso auditor la información no fue suministrada de manera oportuna y fue necesario en ocasiones reiterar la solicitud de la respectiva información”.

La inspección buscó revisar, además, detalladamente el estado de las finanzas del hospital, así como el cumplimiento de las normas que regulan su funcionamiento. La entidad de control pretende determinar si los procedimientos implementados por la institución se ajustan a la normatividad vigente y si la administración de los recursos públicos se ha realizado de manera adecuada.

“Este informe puede ser consultado en la página de la Contraloría. Tenemos hallazgos preocupantes, desde lo administrativo, fiscal, disciplinario, y penal”, dijo la concejala de Caldas, Ángela María Espinosa. Y es que esto se suma a las constantes quejas por las fallas de atención y los ceses de actividades de anestesiólogos, cirujanos y otros profesionales de la salud por falta de pagos.

Con esta actuación, la Contraloría General de Antioquia busca fortalecer el control fiscal y garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos destinados al sector salud, especialmente en instituciones que cumplen un papel fundamental en la prestación de servicios a la comunidad.

También puedes leer: