Propuesta de impuesto de seguridad del Gobernador de Antioquia suma más opositores
¿Se caerá la polémica propuesta de un nuevo impuesto por parte de la Gobernación de Antioquia? En la última semana más voces se suman para oponerse, entre ellos los alcaldes de Itagüí y Medellín, varios gremios empresariales y la Cámara de Comercio Aburrá Sur
Aunque cuando presentó la propuesta, el gobernador Andrés Julián Rendón aseguró que se había reunido con diferentes sectores y gremios económicos que la respaldaron, lo cierto es que el nuevo impuesto de seguridad ha generado más rechazo y preocupaciones.
Uno de ellos fue su aliado, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, quien aseguró que un impuesto a través de la cuenta de servicios públicos no es conveniente. Unos días antes Intergremial Antioquia, que reúne a los gremios económicos más importantes, también rechazó la propuesta.
El más reciente pronunciamiento lo hizo la Cámara de Comercio Aburrá Sur, la cual advierte que la economía regional no pasa por el mejor momento y no ocultó su preocupación el nuevo tributo que impactaría a empresarios, comerciantes y algunos sectores residenciales.
“En tiempos como los que vivimos decretar más cargas económicas, sin importar su duración, propósito y alcance, sólo representa una señal equivocada y un golpe bajo a los intereses de la ciudadanía de unos actores económicos que ya están operando sobre los límites de su sostenibilidad. Invitamos a la Gobernación de Antioquia y a los diputados a evaluar con sensatez los alcances de esta propuesta y a buscar soluciones más equitativas y coherentes que permitan mejorar la seguridad regional”, aseguró en un comunicado.
Con los aportes se espera recaudar 1,2 billones de pesos para hacer inversiones en cinco proyectos claves: cámaras de seguridad, cárcel departamental, infraestructura para la fuerza pública, dotación de los escuadrones móviles y escenarios deportivos.
¿Quiénes pagarían este impuesto? El mandatario seccional explicó que el 85 % de los habitantes pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3, estarían exentos de la contribución, que se aplicará entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2027, para sectores residenciales de estrato 4, 5 y 6, comerciales, industriales y oficiales.
La propuesta que deberá pasar por la Asamblea Departamental tiene un camino complicado, ya que varios diputados también han manifestado su descontento y votarían en contra.
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