Por construir cerca a quebradas, alcaldía de Medellín frenó dos construcciones en San Antonio de Prado


Ciudad Sur

Medellín / junio 24, 2026

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A pocos metros de la quebrada La Chorrera, en el corregimiento de San Antonio de Prado, dos familias construyeron durante años sus viviendas en un terreno que no contaba con las licencias urbanísticas. Aunque para ellas representaba un hogar, su ubicación, según la Alcaldía, representaba un alto riesgo.

Hasta este sector llegaron los equipos de vigilancia y control urbanístico de la Alcaldía de Medellín para adelantar una intervención que permitió recuperar el espacio ocupado de manera irregular. De acuerdo con las autoridades, las dos construcciones se encontraban dentro del perímetro del afluente, lo que representaba un peligro para las comunidades, sobre todo en épocas de lluvias.

Como esta intervención son muchas otras las que se han desarrollado este año en este corregimiento.

Por ejemplo, en lo corrido de la actual administración, el Distrito ha logrado recuperar 1.697 metros cuadrados de espacio ocupado irregularmente, de igual forma, ha ejecutado 120 remociones y ha hecho posible la realización de 229 recorridos de sensibilización con las comunidades, en aras de evitar que las familias habiten zonas inestables.

Además, la Corregiduría de San Antonio de Prado ha ordenado 28 suspensiones de obra por presuntas infracciones urbanísticas, principalmente relacionadas con construcciones levantadas sin los permisos exigidos.

“La protección de la vida siempre será la principal razón detrás de nuestras acciones de control urbanístico. Antes de iniciar cualquier construcción, es fundamental verificar si el predio cuenta con las condiciones técnicas adecuadas, si el uso del suelo permite el desarrollo del proyecto y si existen restricciones ambientales que deban respetarse”, recordó, el secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez Correa.

Las autoridades recordaron que este tipo de construcciones pueden llevar a sanciones que incluyen multas de hasta de 350 millones de pesos, además de otras procesos legales.