Uno de los últimos trabajos de la entonces tenebrosa banda de La Terraza –un sector de Manrique Central- al nororiente de Medellín, fue el asesinato de Jesús María Valle Jaramillo. Las versiones de los organismos defensores de derechos humanos afirman que el crimen fue ordenado por el líder paramilitar Carlos Castaño.

Lo asesinaron en su oficina de abogado penalista, el 27 de febrero de 1998, un día después de rendir declaración libre en un proceso por calumnia que, en su contra, inició un oficial de la IV Brigada del Ejército. Valle Jaramillo había denunciado, en forma persistente, la actuación permisiva, omisiva y no en pocos casos cómplice, de miembros del estamento militar en las violaciones de derechos humanos en Antioquia, en especial, por las masacres de El Aro y La Granja, zonas rurales del extensísimo municipio de Ituango.

Valle nació en Ituango en 1944, se había convertido en abogado de la Universidad de Antioquia donde comenzó su activismo político (en la efervescencia de la izquierda universitaria, él se declaró conservador «soy un conservador de las ideas y un comunista en los hechos», decía) y se dedicó al litigio penal.

En 1978, con el médico Héctor Abad Gómez y otros profesionales fundó el Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos. Abad Gómez fue asesinado en 1987 y, pocos meses después, su reemplazo en la presidencia de ese organismo, el abogado, antropólogo, teólogo y filósofo Luis Fernando Vélez Vélez. Valle Jaramillo asumió un cargo que significó, aquellos años, una condena a muerte.

En su carrera pública, Jesús María Valle fue concejal de Ituango –por el conservatismo-, diputado de Antioquia –pero renunció diciendo que la politiquería era insoportable allí- y se dedicó a sus dos pasiones: el litigio judicial y la defensa y promoción de los derechos humanos.

La expansión del proyecto paramilitar a la zona del Nudo de Paramillo coincidió, durante la gobernación de Álvaro Uribe Vélez, con la creación de las asociaciones de seguridad Convivir, que este alentó pública y privadamente. En la zona occidental del nudo, en Urabá, el general Rito Alejo del Río era el apoyo de la gestión de Uribe en seguridad y en el oriente lo era el general Alfonso Manosalva Flórez (y luego su sucesor, Carlos Ospina Ovalle).

Estos oficiales comandaban las brigadas XVII y IV, respectivamente, cuando se produjo la masacre paramilitar en el corregimiento de El Aro, de Ituango, en las estribaciones orientales del Paramillo. Una incursión de siete días dejó 17 personas asesinadas (y vejadas) y el destierro de 700 más, en octubre de 1997. El abogado Valle Jaramillo denunció la participación de efectivos militares como cómplices de los hechos.

La respuesta de Uribe Vélez fue declarar a Valle «enemigo de las Fuerzas Armadas» y en poco tiempo un oficial de la Brigada en Medellín lo denunció por calumnia.

La causa abierta por el abogado ituanguino en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, terminó en una condena al Estado colombiano por su complicidad en esos hechos.

Valle fue asesinado por los paramilitares. Los hechos, tal como los denunció, fueron confirmados por Salvatore Mancuso en el proceso de justicia y paz, sin embargo y a pesar de la condena internacional y de la confesión de los autores, el crimen de Valle sigue en la impunidad.

Octavio Gómez V.

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