Con puestos de control ambiental, ubicados en los municipios de Caldas y Barbosa, las autoridades trabajan en la sensibilización de conductores, con el propósito de frenar el tráfico ilegal de flora y fauna silvestre. En lo corrido del año 140 animales han sido recuperados y atendidos.

PUBLICADO 23 DE AGOSTO 2021

El tráfico de flora y fauna es uno de los delitos que más ingresos generan para las estructuras criminales y el Valle de Aburrá no es ajeno a este flagelo. Por eso en los puestos de control ubicados en los ingresos al norte y sur del Valle de Aburrá, el Área Metropolitana, Corantioquia y la Policía Nacional verifican que los vehículos, especialmente los de carga pesada que transportan madera, cumplan con los requisitos normativos y que en los buses intermunicipales no se transporten animales de la fauna silvestres.

Además, las jornadas de sensibilización se complementan con visitas conjuntas a establecimientos de comercialización y transformación de madera, donde los técnicos revisan que las empresas cuenten con el Libro de Operaciones Forestales debidamente registrado y actualizado, como lo establece la normativa nacional.

Diana María Montoya Velilla, subdirectora Ambiental del Área Metropolitana, explicó que este año las autoridades han llevado a cabo operativos que han hecho posible la custodia de 140 animales de la fauna silvestre que hoy reciben acompañamiento profesional en el Centro de Atención y Valoración, CAV Fauna, después de evitar su comercialización.

“Los operativos, también han permitido el decomiso de 119 metros cúbicos de especies de la flora nativa, como cedro, higuerón, roble, chingale, sapan y nogal, entre otros”, informó la subdirectora ambiental de la entidad.

Cabe anotar, que cuando una persona incumple las normas establecidas para el aprovechamiento de los recursos naturales, se enfrenta a un proceso sancionatorio por parte de la autoridad ambiental y puede ser objeto de multas hasta por 5 mil salarios mínimos legales vigentes.

Colombia la extracción ilegal de productos de los bosques nativos y la comercialización de fauna silvestre, se constituyen como delitos ambientales. Y para ello, es la Fiscalía General de la Nación, la encargada de llevar a cabo los respectivos procesos que pueden generar sanciones económicas y la privación de la libertad.