La mirada fija en los retratos de quienes ya no caminan las calles de Pueblo Bello, refleja el dolor que se niega a abandonar la memoria de Enaida Gutiérrez. Esta mujer de 50 años fue testigo de las cuatro masacres que las Farc y los paramilitares ejecutaron en este pequeño poblado del municipio de Turbo, en el Urabá antioqueño.

Mientras busca las fotografía de sus familiares en ‘el árbol de la vida’ instalado en el centro social Remanso de Paz, inicia el relato de su tragedia. Entrada la noche del domingo 14 de enero de 1990, Los Tangueros, un cuartel de 60 hombres de las Autodefensas Unidas de Colombia y comandado por Carlos Castaño, llegó al caserío para vengar el robo de 43 reses por parte de la guerrilla semanas antes.

Para Castaño, los habitantes fueron autores o cómplices del robo, según él, porque los animales habrían sido transportados a través de este poblado hacia otra localidad. “Llegaron y sacaron a todos los hombres de las casas y se llevaron amordazados a 43, uno por cada res. Entre ellos, había dos tíos y dos primos. Nunca regresaron”, relató Enaida.

A partir de allí, la comunidad y diferentes organismos insistieron en la necesidad de que la Fuerza Pública llegara a la zona para evitar nuevas masacres, pero el llamado nunca fue atendido. Por el contrario, fueron los paramilitares quienes se instalaron allí, imponiendo su control y autoridad.

Cinco años después, el 28 de mayo de 1995, llegaron 20 integrantes de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, quienes asesinaron a siete personas al acusarlas de ser auxiliares de la guerrilla.

Pero la tragedia no paraba allí. En la madrugada del 5 de mayo de 1996,  unos 160 hombres de los frentes 5 y 58 de las Farc se tomaron el corregimiento, acusaron a sus pobladores de paramilitares, incineraron algunos locales y asesinaron a nueve personas. Entre las víctimas se encontraba el dueño de la única farmacia de Pueblo Bello, Humberto Ramos de 70 años, y a su esposa Aura Castro de 68, quien rogó para que no los asesinara, pero sus súplicas no fueron escuchadas.

“Ellos no se metían con nadie, solo atendían a los soldados enfermos o heridos, pero los guerrilleros los sacaron de la farmacia y los mataron al frente de la Virgen que está en la esquina”, relató.

En junio de 1999, cuenta Enaida, que hombres también de las Farc ingresaron al único billar del poblado, se hicieron pasar por soldados y asesinaron a cinco personas, entre ellas a su hermano Álvaro. Ni el Ejército ni la Policía hacían presencia aún pese a las constantes incursiones de los grupos armados ilegales.

Según una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado “no adoptó las previsiones razonables para controlar las rutas disponibles en la zona”, lo cual resultó en la violación a los derechos a la vida, la integridad personal y la libertad de las personas desaparecidas y asesinadas de Pueblo Bello.

Los diferentes grupos armados ilegales cometieron en el Urabá 103 masacres entre 1988 y 2002, trece de las cuales presentaron signos de sevicia, es decir, los paramilitares o guerrilleros torturaron a sus víctimas antes de darles muerte.

El temor a ser asesinados en cualquier momento, obligó a Enaida a meterse campo adentro con su hermana y tres hijos. Armaron una pequeña carpa y allí permanecieron 6 mese; 180 días con sus noches, huyéndole a la muerte. “Mi hermana y yo nos turnábamos para cuidar el campamento, mientras los niños dormían. Fue muy difícil, no comíamos ni dormíamos bien, pero el miedo era más grande que el hambre”, confesó.

Solo hasta el 17 de julio de 2006, más de 16 años después de la primera masacre, llegó la Policía y el Ejército a Pueblo Bello. La fecha la recuerda muy bien Enaida, que aunque con algo de molestia por la tardanza, aseguró que a partir de allí las cosas cambiaron en algo.

El sonido de los helicópteros inquieta a los más pequeños y llama la atención de los viejos. Esta vez no se trataba de una incursión armada sino del esquema de seguridad del gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, quien llegaba a conocer el Centro Social Remanso de Paz.

Para llegar allí por carretera, se debe cruzar la vía El Tres, la cual pese a que está rodeada de grandes cultivos de plátano solo hasta ahora está siendo intervenida, dentro del plan de mejoramiento de carreteras del Gobierno Departamental. Tras unos 40 minutos de viaje, aparecen las primeras casas, los militares, la escuela y un mural en homenaje a las 43 víctimas de la primera masacre.

Los 35 grados y la humedad propia de la región bananera, contrastan con una llamativa tranquilidad poco común en el Golfo. De su única vía pavimentada se desprenden pequeñas calles de tierra naranjada, rodeadas de sus pocas casas con fachadas de color claro y jardines colgantes. Algunas, con hamacas en sus corredores.

Luego de cruzar los viejos salones, el nuevo bloque del colegio y  la cancha, aparece la estructura  más moderna del poblado, luego de que la misma comunidad pidiera su construcción en 2012 y priorizada por el programa de atención a poblaciones víctimas del conflicto armado de la Gobernación de Antioquia.

Al interior de Remanso de Paz, una inmensa colcha de retazos de 7 metros de ancho por 3 metros de alto y elaborada por pobladores de 8 veredas, da cuenta de la historia y el dolor de una comunidad que busca dejar a un lado la tragedia de la guerra, pero sin olvidar a los que esta se llevó.

En una de las salas del Centro, Angy Buendía, una joven de 17 años, exponía los programas que allí se desarrollan para los jóvenes, pero al recordar las historias que escuchaba de su abuela, no pudo detener las lágrimas. “Es muy duro saber por todo lo que tuvo que pasar mi familia y mis vecinos, pero hoy la historia es diferente. En Pueblo Bello todos queremos dejar el dolor a un lado, aprovechar las oportunidades de estudio y mejorar nuestra calidad”.

El rostro tranquilo de Enaida al saber que la guerra difícilmente llegará nuevamente a Pueblo Bello se une a las sonrisas de decenas de niños que juegan en el jardín y la plazoleta de Remanso de Paz. Era un día de fiesta.

Tal vez por ello, el Centro Nacional de Memoria Histórica, el gobernador Fajardo y otras autoridades, han puesto a este pequeño poblado como gran ejemplo de reconciliación y reconstrucción luego de las secuelas de la guerra.

Justicia, la cuenta pendiente

Por la masacre de 43 campesinos en 1990, de la que solo se recuperaron 8 cuerpos, 23 exparamilitares y exmilitares pagan penas de 25 a 60 años y el Estado fue condenado en 2006 por la Corte Interamericana de DD.HH. Sin embargo, las demás masacres permanecen en la impunidad.

Alejandro Calle Cardona

Periodicociudadsur@gmail.com