En Itagüí, por estos días, crece un panorama de incertidumbre entre cientos de ciudadanos que aseguran haber sido sorprendidos por embargos y cobros coactivos ejecutados de manera automática por parte de la Administración Municipal. Las quejas, que ya suman decenas de casos documentados, señalan afectaciones económicas considerables y la ausencia de respuestas claras por parte de la alcaldía.

Dichos cobros incluyen procesos judiciales, impuestos vehiculares, sanciones relacionadas con semaforización, SOAT, fotomultas y otras obligaciones pendientes por pagar y que, como consecuencia, han dejado a muchos habitantes con sus cuentas bancarias en ceros.

Una de las afectadas es Angie Zapata, auxiliar de laboratorio en Medellín, quien relata que hoy, cinco días después de la primera quincena de noviembre, no tiene un solo peso disponible debido a un embargo automático. Afirma que la medida estaría asociada a una supuesta multa relacionada con el SOAT que podría superar 1’500.000 de pesos. “No hay razón para este cobro”, asegura, mientras explica que ya interpuso una tutela y espera una respuesta “clara y oportuna por parte de la Alcaldía Itagüí”.

Otro de los casos lo presenta el abogado Jorge Mario Ramírez, apoderado de uno de los ciudadanos afectados, quien prefiere mantener su identidad en reserva por motivos de seguridad. Su defendido, un comerciante del municipio, recibió un cobro coactivo también por más de $1’500.000, situación que según señala, nunca debió haberse ejecutado. “Se sienten vulnerados y sin garantías”, aseguró el abogado al explicar que este es solo uno de los múltiples casos que hoy preocupan en Itagüí.

A la fecha, según cifras de la Alcaldía de Itagüí, hoy existen más de 119.000 cobros persuasivos en curso y más de 500 solicitudes y quejas relacionadas con diferentes obligaciones pendientes.

En cuanto a los cobros coactivos, la mayoría corresponde a infracciones de tránsito, que históricamente han sido las de mayor impacto. Según un reciente informe presentado por la administración en el Concejo Municipal, en 2022 se recaudaron más de 5.000 millones de pesos por esta vía; en 2023, la cifra ascendió a $9.438 millones; en 2024 superó los $16.000 millones, y en lo que va del año el recaudo ya alcanza por lo menos los 24.000 millones de pesos.

Estos procesos parten de un título ejecutivo e incluyen obligaciones pendientes por conceptos como impuesto predial, sanciones urbanísticas, comparendos de Policía, fallos en materia de salud, infracciones de tránsito, señalización y, en general, cualquier cartera morosa bajo gestión del municipio.

“No es porque queramos, es una obligación”: Alcaldía

Por ahora y mientras las historias se multiplican y dan forma a un malestar generalizado en el municipio, desde la Administración Municipal aseguran que todos los cobros coactivos siguen un procedimiento establecido por ley y que inicia siempre con la notificación al ciudadano y un cobro persuasivo.

“Es una facultad que nos da el Estatuto Tributario Nacional y el estatuto tributario. Eso no es un artilugio que nosotros tengamos, es algo de todos los municipios. No es porque queramos, es porque nos obliga la ley”, dijo el secretario Jurídico de Itagüí, Oscar Darío Muñoz Vásquez, recientemente a El Colombiano.

Pese a las explicaciones, concejales del municipio denuncian irregularidades en dichos cobros. “Están realizando embargo a muchas personas que ya pagaron, Esta es la mejor demostración de su afán por obtener ingresos prontamente”, indicó el concejal León Mario Bedoya, quien aseguró que ya ha venido asesorando a varios ciudadanos en procesos de reclamación.

Esta situación ha generado un inmenso malestar en las calles y redes sociales. Aunque muchos de los cobros son motivados por el no pago de sanciones o impuestos, de otros hay quejas por irregularidades, por lo que es el mismo ciudadano el que debe iniciar un largo proceso para poder hacer uso de sus dinero.

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