La decisión la tomó la Alcaldía de Itagüí luego de determinar que la estructura de la edificación se deterioró en las últimas semanas. El costo del procedimiento ascendería a los 2.000 millones de pesos.

En medio de la polémica a comienzos de semana luego de las autoridades tuvieron que ingresar con ayuda policial para instalar los sensores de movimiento, los ingenieros encontraron que las grietas existentes aumentaron su tamaños, aparecieron nuevas y las varillas de las columnas sufrieron inclinación.

“Es una decisión compleja por la situación de las familias, pero debemos preservar la seguridad de ellas y de la comunidad aledaña al edificio  Nosotros buscamos que el constructor ayudara pero encontramos que solo buscaban dilatar la decisión , explicó el alcalde León Mario Bedoya.

Aunque no hay fecha definida, se estima que la demolición se realice en un plazo máximo de un mes.