Cada vez siguen apareciendo nuevos detalles de la investigación por posible corrupción en el Área Metropolitana durante la pasada administración y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.

En las últimas horas, y precisamente durante la jornada en la que fue aplazada la audiencia de imputación de cargos contra varias personas, entre ellas Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde Daniel Quintero, y Álvaro Villada, exdirector administrativo y financiero del Área Metropolitana, se conocieron nuevos testimonios dentro de esta investigación.

Una de esas voces es la de Misael Cadavid, exrepresentante legal de Bomberos Itagüí y quien actualmente se encuentra bajo un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación. Cadavid habría entregado información y documentación relacionada con el supuesto funcionamiento de una estructura para el direccionamiento de recursos, contratos y pagos durante esa administración.

En la denominada “matriz” aparecen varios nombres dados a conocer por Noticias RCN. Entre ellos el del actual alcalde de Itagüí, Diego Torres, quien de acuerdo con la declaración, habría tenido que ver con la asignación de contratos y pagos mensuales.

Otro de los nombres señalados es el de Jean Mauricio Sánchez Silva, actual secretario de Gobierno de Itagüí, quien, según las declaraciones de Cadavid, habría cumplido un papel dentro de la estructura gracias a sus influencias políticas con participación en el presunto direccionamiento de contratos, reuniones y comunicaciones internas.

Todos estos elementos deberán ser verificados por la Fiscalía General de la Nación, que tendrá que establecer la veracidad de la información entregada por Cadavid y determinar si existen elementos suficientes para vincular formalmente a las personas mencionadas dentro del proceso penal.

El caso está relacionado con la celebración de seis contratos por más de 17.000 millones de pesos, recursos que habrían estado destinados a diferentes servicios y actividades, entre ellas la atención de las emergencias sanitarias durante la pandemia del COVID-19.

Dentro de las presuntas irregularidades también se investiga el supuesto desvío de más de 2.400 millones de pesos, recursos cuyo destino y manejo son ahora materia de investigación por parte de las autoridades.

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