Otro escándalo sacude al Concejo de Itagüí: concejales aparecen en certificado de un curso que dicen no hicieron
Una nueva controversia se desató en el Concejo de Itagüí luego de que se hiciera pública una denuncia presentada por los concejales Walter Betancur y Camilo Valencia, así como el exalcalde y exconcejal León Mario Bedoya, quienes alertaron por la ejecución de un contrato en el que aparece reportado un diplomado de 40 horas en inteligencia artificial que, según aseguran, algunos corporados nunca realizaron.
Ante esta situación, el caso ya está en manos de la Contraloría General y la Personería de Itagüí, entidades que deberán establecer si los documentos que soportan la ejecución del contrato corresponden a las actividades efectivamente realizadas y si hubo recursos públicos destinados al pago de servicios que no fueron recibidos por los beneficiarios que aparecen certificados.
La denuncia saca a la luz pública el contrato CM002-2026 por 400 millones de pesos, celebrado este año entre el Concejo de Itagüí y la empresa Propcol S.A.S. De acuerdo con los documentos revisados por los concejales, el operador reportó en marzo la realización de un “Diplomado en Inteligencia Artificial”, por el que se habrían facturado hasta 60 millones de pesos.
Sin embargo, este no es el único cobro presuntamente irregular, desde allí también evidenciaron otros 39 millones de pesos en el pago de un aplicativo para los concejales.
“Yo no asistí ni recibí capacitación de esta empresa, nunca firmé la planilla”, afirmó el concejal Walter Betancur durante su denuncia en plena sesión del Concejo, en el que reitera que aparece firmando un diplomado de inteligencia artificial.
De acuerdo con el informe, la capacitación habría tenido una duración de 40 horas, distribuidas en diez sesiones entre el 2 y el 26 de marzo. Sin embargo, entre los documentos entregados aparece una planilla de asistencia correspondiente a una sola jornada, fechada el 2 de marzo a la 1 de la tarde, en la que figuran 20 firmas.
A esto se suma una planilla relacionada con la entrega de la herramienta digital, con registros comprendidos entre el 6 y el 26 de marzo. Los denunciantes cuestionan que algunos diplomas hayan sido expedidos por el Politécnico Nacional de Formación e Innovación, el 25 de marzo, cuando, según los propios registros, la herramienta habría sido entregada a algunos beneficiarios incluso al día siguiente.
Por ahora, serán los entes de control, en este caso la Contraloría, la encargada de establecer si los documentos presentados como soporte de la ejecución contractual corresponden efectivamente a las actividades realizadas y si los servicios reportados fueron recibidos por quienes aparecen como beneficiarios. La pregunta ahora es ¿Quién realizó las firmas? ¿Si existió el aplicativo?
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