El pasado 21 de mayo Ciudad Sur publicó la nota “Tribunal sanciona al alcalde de Sabaneta por no frenar construcciones del plan parcial en La Romera y afectación ambiental”, sobre la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia sobre el plan parcial Caminos de La Romera.

Sin embargo, allí se presentó una interpretación diferente al contenido del Auto No. 89 del 20 de mayo de este año, por lo que este medio se acoge al deber de rectificación de información.

Pues el Tribunal Administrativo de Antioquia reconoció que la Alcaldía de Sabaneta y la Secretaría de Planeación Municipal sí acataron la orden preventiva de no expedir nuevas licencias de construcción dentro del plan parcial Caminos de La Romera desde la expedición de la medida cautelar.

El Tribunal señaló que la Secretaría de Planeación Municipal “desde el momento en que se emitió la cautela no ha expedido nuevas licencias de construcción dentro de los límites que corresponden al plan de expansión urbana Caminos de La Romera”. Asimismo, el Tribunal reiteró que el Municipio acreditó el cumplimiento de la suspensión de nuevas licencias urbanísticas.

En consecuencia, la sanción impuesta al alcalde de Sabaneta, Alder Cruz Ocampo, no se originó por desacatar la orden de suspensión de nuevas licencias de construcción, sino por considerar insuficientes algunas de las actuaciones administrativas y policivas frente a obras preexistentes y proyectos que ya se encontraban en ejecución.

El Tribunal Administrativo de Antioquia concluyó que las actuaciones desplegadas por el Municipio de Sabaneta “descartan un escenario de absoluta inactividad institucional”.

La decisión judicial se produjo dentro del trámite de un incidente de desacato derivado de una acción popular relacionada con presuntas afectaciones ambientales y urbanísticas en el sector de Caminos de La Romera, ubicado en las veredas La Doctora y Las Lomitas, en el sur del Valle de Aburrá.

La Alcaldía de Sabaneta ha sostenido que adelantó actuaciones de control urbanístico mediante visitas técnicas, requerimientos administrativos, verificación de licencias y traslado de presuntas infracciones a las autoridades competentes, así como medidas correctivas dentro de las facultades legales del municipio.

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