Ciudadanos y organizaciones sociales alertaron en el Concejo de Medellín la necesidad de revisar, fortalecer y garantizar el cumplimiento efectivo de la Política Pública para Venteros Informales. Esto, luego de las denuncias por excesivos operativos contra estos trabajadores.

Aunque algunos comerciantes de la calle reconocieron avances frente a décadas pasadas, otros denunciaron maltratos por parte de gestores del Espacio Público, la destrucción de carretas, y la falta de garantías para trabajar con dignidad. 

Mónica Granada, del Sindicato Familia de la Calle, organización que reúne a venteros informales, sostuvo que “el enfoque de la alcaldía no puede seguir centrado exclusivamente en el control”. Aunque valoró los avances en diálogo con el subsecretario de Espacio Público, advirtió sobre la necesidad de construir políticas públicas duraderas sin importar el gobierno de turno.

Por su parte, el concejal Juan Ramón Jiménez, presentó testimonios de recicladores que han sido violentados, y pidió que los gestores de Espacio Público estén debidamente identificados para evitar abusos. Subrayó la importancia de una gestión más humana, articulada especialmente con entidades como Protección Animal.

“No se pueden seguir vulnerando los derechos de los recicladores, quienes no solo recuperan materiales que otros consideran basura, sino que en ese proceso también encuentran dignidad, redes de apoyo y, muchas veces, a sus mejores amigos. En Medellín, más de 5.520 personas viven del reciclaje, ellos siguen enfrentando las mismas problemáticas sin avances significativos, ni soluciones reales”, puntualizó. 

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LA OTRA CARA

Sin embargo, María José Bernal, directora de Fenalco Antioquia, expresó su preocupación por el deterioro del orden en zonas clave como El Poblado y el Centro de la ciudad. Criticó el enfoque, según ella, “asistencialista de la política pública hacia comerciantes informales” y pidió reforzar los operativos. 

Ante esto, el concejal Farley Macías realizó seis propuestas, entre las que está caracterizar de forma rigurosa a las poblaciones informales; aplicar enfoques diferenciales en las intervenciones; garantizar transparencia en el aprovechamiento económico del espacio público; y priorizar la formación en derechos humanos y empatía para todos los funcionarios operativos.

“El espacio público es el lugar del contrato social, si fallamos allí, fallamos en lo esencial. El trato que demos a las poblaciones más frágiles en calles y parques será la medida de nuestra humanidad como sociedad. La libertad de poder caminar la ciudad sin miedo a ser excluido; la libertad de trabajar honestamente sin ser perseguido; la libertad de disfrutar de un parque sin barreras económicas”, concluyó. 

En el debate, los concejales concluyeron en que el espacio público no puede seguir siendo gestionado desde la improvisación ni desde la represión. Además, pidieron cumplir fallos judiciales, garantizar el derecho al trabajo y consolidar políticas públicas coherentes, integrales y sostenibles.

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