A modo de parecer reiterativos, las recientes protestas en Itagüí dan cuenta de la necesidad de insistir en la forma de cómo algunos políticos acuden a cualquier tipo de estrategia para lograr sus objetivos.

El drama que padecen más de 600 familias de esta localidad por cuenta de falsos proyectos de vivienda promovidos por excandidatos al Concejo Municipal, incluso por una diputada de Antioquia y quien logró la curul en gran parte con votos de los itagüiseños, merecen una profunda reflexión por parte de quienes aspiran a ocupar cargos de elección popular, pero en especial de sus votantes.

Es bien sabido el dicho que reza “tener casa no es riqueza, pero no tenerla sí es pobreza”. Por ello la ilusión de toda familia es lograr una vivienda propia, obtener un capital y dejar a un lado el pago de arriendo para invertir en educación, salud y recreación; es decir, en el mejoramiento de la calidad de vida.

Tal vez esa ilusión lleve a muchas personas a cometer errores, a creer en falsas promesas. Por varios periodos, múltiples candidatos en Itagüí y demás municipios antioqueños han ofrecido “regalar viviendas” u obtenerla a bajo costo, dentro de sus propuestas políticas.

Si bien algunos han cumplido con ello, la experiencia reciente dice que la mayoría se convierten en grandes estafas destruyendo proyectos de vida e incluso desintegrando familias.

Actualmente la Fiscalía investiga tres proyectos de vivienda que hasta la fecha no se han desarrollado, afectando a centenares de familias itagüiseñas; sin embargo CIUDAD SUR conoció que en los próximos días un nuevo escándalo se dará a conocer por la presunta estafa a cerca de 100 núcleos familiares.

Más que un llamado a aquellos “políticos” que sin escrúpulos arruinan los sueños de familias enteras, la comunidad debe entender que “de eso tan bueno no dan tanto”.

Cuando se toma la decisión de adquirir vivienda y más aún en tiempos electorales, se debe ser cuidadoso para no echar a la basura años de esfuerzo y ahorro. Se debe verificar con las curadurías, las secretarías de planeación municipal o la Empresa de Vivienda de Antioquia, si dicho proyecto de vivienda de interés prioritario o social, cuenta con todas las autorizaciones para su ejecución.

Pero además es pertinente comprobar si el proyecto es apalancado por una fiducia, es decir, si los dineros invertidos para la compra de la vivienda no corren el riesgo de llegar a bolsillos de terceros y desaparecer sin razón alguna.

Y aunque la mayoría de dichos proyectos son de carácter privado, es obligación del Estado y los Entes de control velar para que ninguna familia sea víctima de estafa inmobiliaria. Incluso, las Administraciones Municipales deben ser las principales promotoras de dichos programas de vivienda, tal y como se adelantan en la mayoría del territorio colombiano.

La vivienda ocupa un lugar privilegiado dentro de los sueños de toda persona, por eso es fácil para un candidato jugar con dicha ilusión. Una vez más instamos a quienes emprenderán próximamente el camino electoral a ser responsables con sus votantes y hacer un pacto de transparencia para evitar que más familias sean estafadas.